Decenas de personas consiguieron ayer miércoles, día 13, parar un nuevo desahucio a Mataró. Una victoria parcial para la causa a favor de la vivienda digna para todo el mundo, puesto que la comitiva judicial anunció los manifestantes congregados en el entorno del piso de Cerdanyola que volverán de aquí a un mes, y con refuerzo policial si es necesario. Una situación que amenaza con repetirse en todo aquí a pocas semanas, cuando finalice la moratoria por los desahucios y todos los aplazados se empiecen a ejecutar.
El Sindicato de la Vivienda de Mataró, organización que lucha contra la especulación inmobiliaria, convocó ayer miércoles una concentración a la calle Marathon, en el barrio de Cerdanyola, donde estaba previsto el desahucio de una familia con dos menores. El juez había aprobado el lanzamiento a petición de Divarian SL, propietario del piso, a pesar de que los residentes tenían un informe de vulnerabilidad aprobado por Servicios Sociales y a pesar de que la moratoria aprobada por el gobierno central prohíbe, teóricamente, los desahucios hasta el 31 de octubre.
Decenas de personas evitaron un desahucio a Cerdanyola, pero en un mes volverán
La manifestación, convocada a última hora (el Sindicato de la Vivienda asegura que la abogada de oficio que representa a la familia no los avisó de la orden de desahucio hasta que faltaban tan solo dos días para su ejecución) fue muy numerosa e impidió la entrada de la comitiva judicial. Esta, pero, alertó que intentarían de nuevo el lanzamiento de aquí a 30 días, y que vendrían acompañados con la policía para evitar que ninguna manifestación los barrio el paso. "Por parte nuestra la respuesta es clara, seguiremos organizadas y nos encontrarán a la puerta mientras no ofrezcan una alternativa de vivienda a esta familia", explica una portavoz del Sindicato.
Desde la organización temen que se produzca "una oleada de desahucios" a Mataró a partir del 31 de octubre, cuando todas las órdenes aplazadas empiecen a programarse para ser ejecutadas, y se sumen a las nuevas que vayan apareciendo. Son centenares los casos de familias que viven en pisos en situación administrativa irregular (por ocupación o por impago de alquiler), y si el gobierno no aplica una nueva moratoria o ninguna otra medida, la situación puede ser dramática a la ciudad.