Ple Municipal del mes d'octubre. Foto R.Gallofré

Cugat Comas

La Defensora de la Ciudadanía de Mataró se escoge con apoyo de PSC y Vox

El Pleno Municipal tiene que validar el nombre de una abogada bastante desconocida como Defensora de la Ciudadanía: Marta Susana Pérez García

Mataró volverá a tener su particular síndico municipal dos años después de la muerte de Jordi Puigderrajols, anterior Defensor del Ciudadano. Uno de los puntos del orden del día del Pleno Municipal de septiembre, este jueves 5, servirá para validar el nombre de la nueva Defensora de la Ciudadanía: Marta Susana Pérez García. Se trata de una abogada completamente desconocida y sin vinculación política ni social con la capital del Maresme. Su nombre es el que se vota después de recibir el apoyo del PSC, Vox y el PP en la votación ponderada de la Junta de Portavoces del pasado julio. El PP especifica que apoyó llevar la elección al Pleno, pero no votará a favor, sino que se abstendrá. Que los socialistas hayan validado los votos del partido de ultraderecha es algo que ha indignado al resto de los grupos municipales.

Marta Susana Pérez García será elegida este jueves si obtiene una mayoría de tres quintas partes de los miembros de la Corporación municipal en la primera votación; si no se consigue esta mayoría, en la segunda votación será suficiente la mayoría absoluta. El PP ya ha anunciado que no votará a favor, por lo que se prevé una alianza entre PSC y Vox en el segundo recuento. Este jueves se despejarán las dudas.

La alianza circunscrita en la elección de la Defensora es completamente heterodoxa y rompe con toda lógica de aislar parlamentariamente a la extrema derecha en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Mataró.

Marta Susana Pérez García

 

¿Quién es la que será Defensora de la Ciudadanía?

Marta Susana Pérez García es -según explica la web municipal, ya que la información pública y la presencia en redes de la interesada es nula- licenciada en Derecho (1996) por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y ha cursado estudios de Doctorado especializándose en Derecho Público. Ha ejercido como abogada y como docente de Derecho Administrativo en la UAB, en el TecnoCampus de Mataró, en la Universidad de Girona y en la Escuela de Policía de Cataluña, entre otros. “Destaca su faceta de estudio e investigación del Derecho”, dice el Ayuntamiento de Mataró, que también recoge que ha publicado varios artículos académicos relacionados con la planificación y ordenación turística de las ciudades, la ordenación jurídica del paisaje, la seguridad en las ciudades y las “smart cities”, y ha escrito manuales como el “Manual de Planificación y Gestión del Turismo” y “La Seguridad y la Comunicación”. 

La Defensoría de la Ciudadanía es una institución cuya misión es velar por los derechos ciudadanos en relación con la actuación de la Administración municipal y de los organismos que de ella dependen, y que, con este fin, estudia las quejas y consultas que se le presenten.
Las sindicaturas o defensorías locales están implantadas en 46 ayuntamientos de Cataluña, prestando servicio a 4,6 millones de habitantes.


Un proceso controvertido


El proceso que ha culminado con el nombre de Marta Susana Pérez ha sido controvertido y “muy politizado”, según apuntan algunos de los portavoces que han participado en las entrevistas de selección. El procedimiento para presentar candidaturas al cargo se inició el pasado 15 de marzo con la apertura de un proceso de convocatoria pública. Las candidaturas debían ir acompañadas de un documento de motivación exponiendo las líneas básicas y la propuesta de desarrollo del cargo y su vinculación con Mataró. Se presentaron 18 candidaturas en primera instancia, y la Junta de Portavoces, tras valorar las restantes, eligió 6 que tuvieron que pasar una entrevista. Una vez realizada la entrevista, se descartaron 2 y las 4 restantes se sometieron a votación.

A estos últimos pasos del trámite llegaron personas conocidas en Mataró como Consol Prados (exconcejala y flamante fichaje del Gobierno de la Generalitat), la también exconcejala Núria Calpe, el sociólogo Jordi Merino o el expresidente de Òmnium Maresme, Carles Estapé. “De los vetos cruzados por razones políticas ha terminado saliendo el perfil menos arraigado, menos conocido y el que menos convenció en la entrevista y exposición del proyecto”, explica uno de los portavoces. El perfil escogido con los votos del PSC, Vox y PP es, según una de las personas descartadas, “el de una figura totalmente a contracorriente del perfil de síndicos actual, que tiende a ser una figura más social que jurista, más representativa del tejido social que un mero receptor de quejas”.

Cristian Escribano, portavoz del PP, adelanta que su partido votó a favor de elevar el nombre al Pleno, pero que no votarán a favor de Pérez García precisamente porque “el proceso ha quedado desvirtuado por cómo ha actuado el PSC. Primero nos quisieron imponer a una candidata (Consol Prados) diciendo que estaba desvinculada de la política, y resulta que ahora es asesora del gobierno de la Generalitat; además, se han obstinado, no han querido rectificar ni buscar la pluralidad: había candidatos con apoyos de hasta cuatro grupos", desvela Escribano.

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