El jueves pasado, con la celebración del Pleno de septiembre, arrancó el nuevo curso político en Mataró. Fue un pleno bastante movido, con temas importantes que habían quedado pendientes antes del verano.
El primero que generó debate fue la ratificación de la comparecencia del Ayuntamiento en el recurso contencioso interpuesto por la Asociación de Promotores contra la ya famosa medida de cesión del 30% de la edificabilidad en parcelas de Mataró, que fue aprobada definitivamente en febrero de este año. Esta iniciativa ha sido presentada en muchos municipios del país como la "medida estrella" en materia de Vivienda por todos los partidos de izquierdas, sin que, según los datos actuales, haya dado buenos resultados, como ha ocurrido en la ciudad de Barcelona, donde está siendo objeto de cambios ante las críticas a su aplicación. Desde Junts per Mataró siempre hemos defendido que esta no es una buena medida, que enfrenta a los operadores del sector y que se ha tomado solo de cara a la galería. Sería una medida comparable a los carriles bici de Mataró en el ámbito de la movilidad. Mucho ruido para nada. Antes de que termine el año pediremos al gobierno que informe sobre el número de licencias que se han otorgado y el número de viviendas de protección oficial que esto ha supuesto en la oferta en Mataró.
El siguiente punto de interés del orden del día fue la aprobación de las conclusiones de la comisión informativa para transparentar la política de recursos humanos en los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo. Esta es la comisión que se creó a raíz de la denuncia de una persona protegida y de las resoluciones de la Oficina Antifraude de Cataluña, que señalaban irregularidades en el Ayuntamiento en relación con los procesos de selección y designación de trabajadores municipales. ¡Qué ganas tenía el gobierno de cerrar esta comisión! No es de extrañar, después de su falta de liderazgo y errores de comunicación que pusieron en duda la credibilidad de la institución, sirviendo en bandeja a grupos como VOX y ciertos medios de comunicación un relato de corrupción generalizada en el Ayuntamiento. Para colmo, y para pasar página, el gobierno se apresuró a vender a los medios locales que en el Pleno del jueves se había aprobado que no había ninguna irregularidad. Nada más lejos de la realidad: ni el Ayuntamiento es un pozo de corrupción ni el Pleno aprobó que no se hubieran cometido irregularidades. Lo único que se concluyó en esta comisión y que se aprobó en el Pleno fue la transferencia de toda la información sobre estos casos a los órganos jurisdiccionales correspondientes, que son los únicos que tienen la competencia y potestad para determinar, en última instancia, si se han cometido irregularidades.
Quien ha suspendido en todo esto es el gobierno municipal, con una gestión absolutamente negligente de este asunto, facilitando lamentables titulares en radios y televisiones. Por lo tanto, aún quedan capítulos en esta trama.
Llegamos al punto más polémico del Pleno, la elección del Defensor del Ciudadano. La misión de esta figura es velar por los derechos ciudadanos en relación con la actuación de la Administración municipal y de los organismos que de ella dependen; con esta finalidad estudia las quejas y consultas que se le presentan. Dos años después de la pérdida del anterior defensor del ciudadano, Jordi Puigderrajols, y tras un trabajo que comenzó en el mandato pasado con la reformulación del reglamento que debía regir esta institución, se inició un proceso de selección en el que se presentaron 17 candidaturas, algunas de ellas con un perfil más político que otras. La más evidente, la de la exconcejala y exdiputada Consol Prados, presentada por el PSC, que no obtuvo los apoyos necesarios debido a su clara vinculación política con el partido de gobierno, como se ha visto con su reciente designación como asesora en el gobierno de Salvador Illa. El PSC de Mataró no supo encajar este revés y, lejos de apoyar perfiles que, a nuestro entender, eran más adecuados por su conocimiento y vinculación con el Ayuntamiento y la ciudad, como podían ser la abogada y exconcejala Núria Calpe o el sociólogo Jordi Merino, forzaron una votación con VOX, eligiendo un perfil desconocido, la abogada Marta Susana Pérez García, a quien aprovecho para desearle mucha suerte.
Así, de camino a la mitad del mandato, es sorprendente que el gobierno del PSC y En Comú Podem no sepa conciliar consensos en temas clave como este, más allá de VOX. Es necesario recordarles que son un gobierno en minoría y, si bien estos juegos de geometría variable con la ultraderecha no parecen molestar a En Comú Podem, por las razones que sea, por supuesto que a Junts per Mataró no nos pasará desapercibida esta votación.
En la sección de control del gobierno, donde la oposición presenta propuestas, ruegos y preguntas, también hubo temas relevantes. ERC presentó una propuesta de resolución para la defensa y promoción de la lengua catalana en Mataró, pidiendo, entre otras cosas, una reunión entre el gobierno y el resto de grupos municipales con la Taula per la Llengua de Mataró, con el objetivo de coordinar acciones y trabajar juntos. Aquí, en otro ejercicio de geometría variable, el gobierno apoyó esta propuesta de resolución, cuando curiosamente, en abril de este mismo año, votó en contra de una propuesta que presentamos desde Junts per Mataró, que también apoyaba la lengua catalana en la ciudad y en la que pedíamos impulsar una campaña de fomento del catalán a través de la Taula per la Llengua, las entidades y los clubes deportivos de la ciudad. ¿Qué ha cambiado en cinco meses? Parece evidente que el apoyo de ERC a la candidatura de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat obliga a los socialistas a escenificar buena sintonía con los republicanos. Sin embargo, este cambio de postura tan repentino solo puede obedecer a una cruda realidad: el gobierno municipal no tiene ninguna intención de velar por la lengua en nuestro municipio y estoy convencido de que no se cumplirá ninguno de los acuerdos de la propuesta, convirtiéndose en una nueva votación de cara a la galería. La política de humo y espejos triunfa una vez más…
Finalmente, desde Junts per Mataró presentamos tres preguntas al gobierno. La primera sobre las acciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento respecto a la captación de talento y su promoción, así como los resultados de la oficina de oportunidades del Ayuntamiento. Pedíamos resultados cuantificables y aplicados y, como tantas veces, obtuvimos demasiadas vaguedades en la respuesta, lo que nos desanima profundamente, teniendo en cuenta que la prosperidad de nuestra ciudad pasa, en primer lugar, por buscar el talento y potenciarlo. Es la eterna pregunta: ¿quo vadis, Mataró?
También preguntamos sobre los vertidos ilegales de residuos y el estado de limpieza de los márgenes entre la Via Sèrgia y la Ronda Bellavista. Este verano comprobamos el estado deplorable de esta zona y presentamos esta cuestión por tercera vez este año. La respuesta: no harán nada y todo continuará igual, pero a cambio de las basuras, hay pipicanes y una zona para hacer gimnasia. Desde Junts per Mataró seremos muy insistentes en denunciar el estado de degradación que sufren ciertas zonas de la ciudad. No contribuiremos a normalizar esta situación.
Por último, preguntamos sobre el criterio y los costes de la instalación de la pantalla gigante en el Parc Vell durante la final de la Eurocopa. Evidentemente, creemos que la figura del jugador Lamine Yamal pone a Mataró en el mapa, y este partido debe jugarse. Sin embargo, la pregunta insistía en el hecho de no tener en cuenta este mismo criterio a la hora de valorar la celebración de actos culturales y tradicionales en la ciudad, como puede ser la festividad de los Tres Tombs, con unos costes similares, y eliminados del calendario de actos de la ciudad. Se vuelve a evidenciar una discrepancia importante en cuanto al orden de prioridades en la ciudad. Porque, como ya se sabe, este gobierno y este alcalde no pueden evitar adherirse con entusiasmo a cualquier muestra de fervor patriótico. Y eso que dicen estar en contra de los nacionalismos...