El caso de la trabajadora municipal despedida por el Ayuntamiento de Mataró tras alertar a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) y a los juzgados sobre presuntas contrataciones irregulares en el consistorio ha tomado un nuevo giro. La OAC ha emitido un contundente comunicado dirigido al alcalde, David Bote, en el que denuncia graves vulneraciones de derechos en el despido de la arquitecta municipal, quien estaba bajo protección de la Oficina como denunciante de un posible caso de corrupción. Según el comunicado, la arquitecta ha sido objeto de represalias por parte de la corporación local. Por ello, Antifraude exige que se le restituya su puesto de trabajo y advierte al Ayuntamiento de posibles sanciones y consecuencias judiciales. El consistorio ha negado reiteradamente cualquier práctica irregular y ha asegurado que el despido de la trabajadora no fue una represalia, alegando que en realidad no obtuvo la plaza de funcionaria.
El escrito de Antifraude se refiere al caso de la arquitecta municipal que alertó sobre varios casos irregulares de contratación en el Ayuntamiento de Mataró por vía excepcional sin concurso previo, es decir, a dedo. En concreto, la ex trabajadora, entonces funcionaria interina del Ayuntamiento de Mataró, denunció a la OAC y a Fiscalía una decena de contrataciones que se habrían realizado como contratos de emergencia sin que se acreditara la urgencia de dichos procedimientos. Tres de estos contratos, además de un cargo directivo, habrían sido realizados por el consistorio para llevar a cabo el Atlas Urbanístico. Esta misma trabajadora habría sido cesada a pesar de su condición de protegida por ser denunciante de un posible caso de corrupción.
El Ayuntamiento asegura, sin embargo, que la persona denunciante no fue despedida, sino que no obtuvo la plaza de funcionaria de carrera el pasado junio tras un proceso selectivo de estabilización de empleo temporal para funcionarios interinos. Además, el consistorio manifiesta que no es correcto decir que se realizaron contratos de emergencia, ya que, según su versión, tres personas fueron nombradas como funcionarias interinas para programas y se hizo la adscripción provisional de un puesto de trabajo como cargo directivo a una cuarta persona que ya era funcionaria de carrera.
En el comunicado, la Oficina Antifraude acusa al Ayuntamiento de ignorar repetidamente los requerimientos emitidos por el organismo para proteger a la trabajadora, contraviniendo así las obligaciones legales de protección establecidas. Además, la Oficina advierte de posibles sanciones y procesos judiciales derivados de este incumplimiento continuado. Entre las múltiples irregularidades detectadas, según Antifraude, destaca la falta de actuación del Ayuntamiento para suspender el cese de la trabajadora y la resolución desfavorable de los recursos interpuestos por ella. La Oficina Antifraude también subraya la detección de una valoración indebida e inflada de los méritos de la persona seleccionada para la plaza que ocupaba la arquitecta despedida.
En el escrito, se señala que otras autoridades, como la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) y la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), también han confirmado la vulneración de derechos en este caso, destacando la gravedad de las irregularidades en materia de protección de datos y la falta de transparencia del consistorio.
Además, según recoge la comunicación de la OAC, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado recientemente un recurso presentado por la arquitecta, declarando la nulidad de varias decisiones del Ayuntamiento y ordenando una indemnización por los daños morales causados. Asimismo, el Ministerio Fiscal ha presentado una denuncia ante los juzgados de instrucción de Mataró, donde implica a una decena de cargos, funcionarios y ex trabajadores del consistorio en presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y acoso laboral, y solicita al Juzgado que lo investigue.
Ante este panorama, la Oficina Antifraude insta al Ayuntamiento de Mataró a restablecer de inmediato los derechos vulnerados de la trabajadora despedida, lo que incluiría que recuperara la plaza que perdió en el proceso selectivo, y a indemnizarla por los perjuicios sufridos. La Oficina también reclama que se resuelvan los recursos pendientes teniendo en cuenta las constataciones hechas por las diversas autoridades implicadas, y que se inicien los procedimientos administrativos necesarios para rectificar las irregularidades detectadas y determinar las responsabilidades correspondientes.