Casi 2 años de prisión para intentar parar un desahucio. Esta es la pena que piden para un joven mataroní, David Barnet, en el juicio que afrontó ayer al juzgado de Mataró. Según asegura su defensa, se le acusa falsamente de atentado a la autoridad durante el citado desalojo.
Ayer jueves, día 18, el joven estuvo acompañado por Amnistía y Libertad, la organización que lleva la defensa del joven, de cara a denunciar la situación que sufre. En un comunicado, Amnistía y Libertad asegura que lo la mataroní "sufrió la represión para ejercer el derecho fundamental a manifestarse". Los hechos a los cuales se refieren tuvieron lugar en 2019, cuando en David y decenas de personas más se concentraron para intentar evitar el desahucio de una familia vulnerable de un piso a Mataró propiedad de un gran tenedor.
La defensa asegura que tanto a David como otro compañero se los piden 1 año y 9 meses de prisión, así como la inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo, por unos hechos que pasaron ya hace 4 años. "Se los piden esta pena solo en base a un atestado inventado por la policía, que identificaron a dos personas por el simple hecho de estar parando un desahucio y bajo unas acusaciones falsas de atentado a la autoridad, que, obviamente, solo puede acreditar el propio policía", señalan en el comunicado.
A la rueda de prensa intervinieron miembros de la PACC, la Plataforma contra la crisis y el capitalismo de Mataró, exponiendo los hechos y la brutalidad policial que se vivió a Mataró por el hecho de defender el derecho a la vivienda. El alcaldable de la CUP a Mataró, Carlos Garcia, también tomó parte cómo una de las personas represaliades económicamente. Garcia y otras personas se enfrentan a multas "en una clara perpetuación de la ley mordaza y el intento de privar el derecho a manifestarse", según señalan desde Amnistía y Libertad.
"La represión va de esto. La represión el que busca es escarmentar en unos cuántos cabo de turcos para que el movimiento político y activista se desmovilice. Ante la represión ejercida por los poderes del estado, no podemos tolerar ninguno otro resultado que no sea la plena absolución", concluyen en el comunicado.