45 agentes de la Guardia Civil han sido beneficiados por la Ley de Amnistía después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró haya decidido que los hechos por los que se les juzgaba -27 denuncias de lesiones, daños y atentado contra la autoridad durante la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 en Dosrius- quedan amparados por la medida de gracia, según ha adelantado 'El Món' y ha confirmado la ACN. El mismo escrito de la jueza exime de cualquier responsabilidad al entonces alcalde de la localidad, Marc Bosch, y al concejal Eduard Garcia, que estaban siendo investigados por desobediencia y atentado contra la autoridad.
Los 45 agentes investigados por las lesiones denunciadas por votantes de Dosrius formaban parte de las unidades antidisturbios que actuaron en este municipio durante el 1-O. Numerosos vídeos difundidos en las redes sociales aquel día mostraban la actuación policial, con cargas contra los votantes en los colegios electorales.
El entonces alcalde ha recordado a la ACN que, en julio, la jueza pidió a todas las partes si estaban de acuerdo con la aplicación de la amnistía, y tanto su defensa como la de Òmnium Cultural -acusación popular en la causa-, así como las de los votantes afectados, dijeron que no, en el caso de los guardias civiles. Bosch fue uno de los heridos por los golpes de porra de la Guardia Civil durante la carga policial en la Escola Castell del municipio y tuvo que ser atendido en el Hospital de Mataró. El entonces alcalde participaba en el referéndum junto con el resto de vecinos del pueblo cuando un amplio despliegue de la Guardia Civil irrumpió en las instalaciones y se llevó todo el material relacionado con el referéndum de autodeterminación.
Los agentes también actuaron en el casal del núcleo urbano de Canyamars, cargando igualmente contra las personas que se encontraban a las puertas de los colegios.
Ahora, una vez que la magistrada ha resuelto que la ley es aplicable para todos los investigados, Bosch ha indicado que están estudiando recurrir la decisión de amnistiar a los 45 agentes de la Guardia Civil. Una decisión que también establece, de acuerdo con lo que indica la Ley de Amnistía, que se procederá a restablecer plenamente los derechos activos y pasivos de los empleados públicos sancionados o condenados, así como a reincorporarlos a sus respectivos cuerpos si hubieran sido apartados.
Además, se añade que no tendrán derecho a recibir ningún “haber” por el tiempo en que no hayan prestado servicio efectivo, pero se les reconocerá la antigüedad como si no hubiera habido interrupción en la prestación de los servicios.
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