El 23 de julio del 2015, el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad, la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, proveniente de la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética. Rápidamente el PP la trajo al TC y queda en suspenso. Seguidamente, el Gobierno catalán redactó una nueva ley similar –la ley 4/2016, del 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial– que también fue traída al TC de la mano del PP, y de la cual se impugnó diferentes artículos de la ley.
Después de meses de deliberación, el Constitucional ha levantado la suspensión de diferentes artículos, en concreto de los que permite a la administración la expropiación a grandes tenedores de los pisos vacíos durante más de dos años. Concretamente permite la expropiación temporal de viviendas vacíos por razones de interés social, para destinarlos a alquiler, siempre que estén incluidos en el registro de viviendas vacíos y localizados en municipios con necesidades residenciales. La resolución del TC, también levanta la suspensión de la disposición final sexta de la ley catalana, según la cual se podría desarrollar un regulación propia del alquiler en Cataluña. No obstante, el TC mantiene la suspensión de los artículos; 10.1, 14.8, 16, y 17.1. Entre ellos, la obligación de las entidades bancarias a realojar las personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial, que han sido desahuciadas.
En Mataró, el precio del alquiler ha aumentado un 24,7% desde el 2014 (según datos oficiales del IDESCAT), hecho que ha traído a muchas familias a no poder hacer frente al pago. Aumenta el precio del alquiler, pero no los salarios. De los 447 desahucios practicados durante el 2017 al Bajo Maresme, 303 corresponden al impago del alquiler, mientras que 118 son fruto de un proceso de ejecución hipotecaria. Los precios del alquiler actuales en Mataró, se sitúan mayoritariamente entre los 700 y los 1000€, y suponen más de un 40% de la renta familiar.
Es por eso, que ante la grave situación de emergencia habitacional que vive el país y en concreto la ciudad de Mataró, la Generalitat y el Ayuntamiento de Mataró tienen que iniciar de inmediato, la expropiación de estas viviendas vacíos y ponerlos a disposición de los mataronins/se. Aun así, en la ciudad hay aproximadamente unos 6 edificios a medio construir desde hace más de 5 años, propiedad de entidades bancarias y fundes buitres. Hay que expropiarlos, acabar la edificación y ponerlos en manso de cooperativas de vivienda como Techo Cívico o crear un parco público de viviendas de alquiler. Es la hora también, de regular los alquileres del país, ante la feroz especulación inmobiliaria que estamos viviendo.
El gobierno municipal del PSC, liderado por David Boto, tiene mucho trabajo a hacer de ahora en adelante y parece ser, que su prioridad no es el derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digno. Este hecho se ve plasmado en el presupuesto dedicado a ampliar el parque de viviendas de alquiler social, destinado a personas en situación de vulnerabilidad, que es de 660.000€. Una cifra ridícula que no mujer respondida a las necesidades de los mataronins/se. La partida que se tendría que destinar es de 3 millones de euros. La administración tiene la oportunidad de dar respuestas inmediatas y eficaces a las personas, y afrontar la gavíssima situación en la cual nos encontramos. Es la hora de presionar en el gobierno municipal del PSC y a la Generalitat, porque desarrollen políticas sociales a favor de las clases populares. Hace falta una movilización popular permanente en las calles, para dejar claro que la vivienda es un derecho, y no una mercancía!