“O se bajan los precios o huelga de alquileres”. Este es el lema que han lanzado las organizaciones en defensa de la vivienda en los últimos meses. Pero, ¿qué encaje legal tiene que los inquilinos dejen de pagar las cuotas? Expertos en derecho inmobiliario consultados por la ACN confirman que se trata de una acción “que no tiene amparo legal” en el Estado y advierten que puede terminar generando un “colapso” en los juzgados y, en último término, desalojos. Otras voces, sin embargo, aseguran que puede ser una “solución” si se afronta como un “litigio estratégico” para señalar a fondos de inversión propietarios de edificios enteros. También se fijan en casos como el de Nueva York, donde los inquilinos tienen derecho a autorreducirse las mensualidades en algunas condiciones.
Por el momento, el Sindicato de Inquilinas no ha concretado cómo plantea la huelga de alquileres y cuestiones como a partir de cuándo debería hacerse, qué parte de las cuotas afectaría o quién estaría llamado a participar siguen siendo una incógnita. La organización ha convocado una movilización para el próximo sábado 23 de noviembre en Barcelona “para empezar el camino” hacia esta acción que, por ahora, plantean como un llamado a “dejar de pagar el alquiler de forma masiva”.
“Esta manifestación no es un final, sino que es un principio y a partir de ahí tendremos que empezar a organizarnos para ver cómo avanzamos hacia esta huelga de alquileres”, explica la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carme Arcarazo, en una entrevista con la ACN. Arcarazo asegura que por el momento “todo está sobre la mesa”, apuesta por hacer una acción “consensuada” y destaca que para que “funcione” debe ser “masiva”. “No estamos hablando de algo pequeño, sino que tenemos que ser miles y miles”, dice.
De entrada, el Sindicato de Vivienda de Gracia adelanta que apoyaría una huelga de alquileres. “La veo factible, la veo futura y la veo real”, dice una de las miembros de la organización, Judit Esposa. “Si en el futuro vemos que es posible, apostaremos por este tipo de protesta”, afirma, mientras lamenta que las leyes “protejan la propiedad por encima de todo”, frente al derecho a la vivienda. “Hay un sistema judicial que realmente no está para proteger a las vecinas, no está para proteger a las personas que no son propietarias, y hay unos políticos que son rentistas. La misma ministra de Vivienda lo es”, critica Esposa.
Un llamado sin amparo legal, pero útil como “ejercicio político” El criminólogo y profesor de la Facultad de Derecho de la UPF Jordi Bonshoms, autor de varios estudios relacionados con las huelgas de alquileres, indica que el contexto actual de encarecimiento generalizado del acceso a la vivienda ha propiciado “todos los ingredientes” para que en el Estado pueda producirse una acción de estas características y la defiende no tanto como una “huelga general” en la que, en última instancia, toda la población pueda sumarse, sino como un “ejercicio político”.
“Al inicio puede darse en un edificio de propiedad vertical –cuando todos los pisos son de un mismo propietario– contra un fondo de inversión que esté subiendo las rentas, poniendo cláusulas abusivas o realizando acoso inmobiliario”, dice Bonshoms, que cree que este puede ser “el primer paso más efectivo” de cooperación vecinal. “Si los inquilinos dicen basta y se plantean hacer algo, eso puede ser una huelga de alquileres”, añade. En este caso, suponiendo que el propietario decida presentar una demanda por impago, Bonshoms asegura que los inquilinos “podrían defenderse”, aunque actualmente la huelga de alquileres no sea un derecho reconocido. “Si hay un agravio sostenido en el tiempo por parte de la propiedad, una huelga de alquileres tiene formas, en condiciones específicas, de defenderse”, argumenta.
El profesor recuerda que huelgas de alquileres como protesta pacífica ha habido desde finales del siglo XIX y cita la de Barcelona de 1931 o la de la pandemia de la covid-19, que fue secundada por más de 16.000 personas en el Estado, según el Sindicato de Inquilinas. Entonces se creó un fondo de resistencia para cubrir los gastos derivados de esos impagos masivos.
Por su parte, la experta en derecho inmobiliario y profesora de la Cátedra de Vivienda de la UPF Maridalia Rodríguez subraya que dejar de pagar el alquiler como medida de protesta “en sí no es un derecho” en España y reitera que supone un incumplimiento del contrato que puede provocar, en última instancia, un desahucio. “Una huelga laboral es un derecho, pero en relación con los alquileres no existe como tal”, compara. Es por ello que considera que sería “importante” que quienes convocan la huelga de alquileres “señalen” lo que puede conllevar adherirse. “Mientras no exista una regulación de la huelga de alquiler, sí que existe una regulación sobre el desahucio por impago”, dice. “El desahucio está amparado, regulado y tipificado por la norma”, agrega.
El caso de Nueva York Ambos expertos coinciden en que el derecho a una huelga de alquileres no se contempla en ningún lado, pero matizan que hay casos donde el inquilino está amparado para pagar menos si hay un incumplimiento del contrato por parte del propietario, lo que se considera una huelga de alquileres parcial. Uno de ellos es Nueva York. “Está legalizado que si hay graves desperfectos en la vivienda y el propietario no se hace cargo, el inquilino puede autorreducirse el alquiler”, explica Bonshoms. “Si el inquilino ha tenido que arreglar paredes, puertas, ventanas... todo lo que haya invertido puede dejar de pagarlo con el alquiler, y eso sería una huelga de alquileres”, apunta.
En el Estado español hacer esto no es legal. “Si dejas de pagar un 10% o un 1% de la renta mensual a tu propietario, este tiene derecho a poner una demanda por impago de la renta y esto puede conllevar un desahucio”, dice el profesor de la UPF, que opina que legalizar esta cuestión “debería ser el horizonte hacia el que debería avanzarse”. “Igual que un propietario hoy en día con la regulación en la mano puede subir el alquiler si hace una inversión en la vivienda, lo mismo debería ser al revés, ¿no?”, reflexiona.
En este punto, Bonshoms vuelve a defender que los inquilinos puedan decir basta ante los propietarios, independientemente de que estos sean fondos de inversión o pequeños tenedores. “Un inquilino debería tener toda la legitimidad para plantarse y decir: o me arreglas los desperfectos, o nos organizamos, dejamos de pagar las rentas y le decimos al juez que hasta que no se arregle y no haya una solución por parte de la propiedad, no pagamos el alquiler”, asevera.
Los propietarios advierten de las consecuencias y arremeten contra el Sindicato de Inquilinas Ahora bien, los propietarios son contundentes al hablar sobre la viabilidad de una huelga de alquileres. “El derecho a no pagar el alquiler no existe”, sentencia el gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Òscar Gorgues, que cuestiona la “repercusión real” que pueda tener la propuesta del Sindicato de Inquilinas y dice que es “el colofón”. “Alguien que se niega a pagar el alquiler después deberá atenerse a las consecuencias”, advierte.
Gorgues arremete contra la acción que plantea la organización en defensa del derecho a la vivienda y pide a sus líderes que dimitan. “El Sindicato de Inquilinas no valora nunca lo que dice porque desde que han aparecido y se han ido implantando las políticas que ellos han ido proponiendo vamos a peor”, opina el gerente de la entidad. “Les pediría un poco de coherencia. Si hemos aplicado y hecho todo lo que queríais y no ha funcionado, pues retiraos. Aceptad la derrota y dejad que otro haga y proponga soluciones, pero no sigáis en esta misma línea”, espeta.
En una línea similar se expresa el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de Edificios (APCE), Xavier Vilajoana. “Me parece absurdo que pongan en el centro del debate un enfrentamiento entre arrendadores y arrendatarios”, opina. “Si tiene encaje legal o no lo tendrá que decidir un juez, pero me parece una actitud absolutamente adolescente, con todo el respeto a los adolescentes”, dice.
También se pronuncia la Asociación de Propietarios, que la considera un “error” y alerta de las consecuencias legales que puede conllevar. Su presidente, Sergi Llagostera, asegura que es una acción que “no tiene sentido” y “no es la solución” porque señala a los pequeños y medianos propietarios que alquilan inmuebles y no al Estado, que es “quien debe resolver el problema” de acceso a la vivienda.
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