Familias de la escuela de Canet obligada a hacer el 25 % en catalán pasan a la acción

Los padres y madres de 30 niños de la escuela de Canet de Mar donde el TSJC estableció un 25 % de la enseñanza en castellano a la clase de P5-A han anunciado que han solicitado personarse como parte implicada en la causa. El objetivo se posar de manifiesto la voluntad de la amplia mayoría de los representantes porque se mantenga el proyecto educativo que la sentencia elimina en el aula en cuestión y reclamar la suspensión de las medidas cautelares, que pasan por la implementación de un cuarto de las clases en lengua castellana. El colectivo también exige a la Generalitat que defienda el modelo de escuela catalana, y avanza que agotarán todas las vías legales para defender el derecho a que se mantenga el catalán como lengua vehicular.

"Lo hacemos porque nos sentimos parte legítimamente interesada del procedimiento judicial y con el objetivo de revertir estas medidas cautelares impuestas", señala Helena Díaz, portavoz de las familias. El colectivo denuncia que ni el Departamento de Educación, ni la familia que demandó la escolarización en castellano, ni el juzgado ni cabe otro organismo los ha permitido defender sus intereses.

"Exigimos en el Gobierno que sea valiendo y digne del pueblo catalán", reclaman las familias, posando de manifiesto la necesidad de blindar la escuela catalana, más todavía cuando el modelo aplicado hasta ahora contaba con el aval de todos los actores implicados. "No callaremos ni asumiremos la utilización política de nuestros niños y niñas, no podemos tolerar la imposición de unas medidas cautelares que se escapan de todos los criterios pedagógicos y sin ningún argumento lingüístico ni social", añade Díaz.

Es por eso que la petición se ha entrado a la sección quinta del TSJC este mismo viernes, entendiendo que los padres y madres afectados no han tenido derecho a manifestar su opinión ante un cambio cómo el que se plantea en el modelo educativo del centro. "Además, no se explica ningún criterio pedagógico ni sociolingüístico para justificar por qué un 25 % y no un 20, un 30, un 10 o un 40", añade el abogado de las familias, Benet Salellas.

El representante del colectivo asegura que la perspectiva es nueva, dado que nunca hasta ahora se había defendido que los padres intervinieran en este tipo de procedimientos ante una imposición judicial a partir de la petición de una sola familia. A pesar de impulsarse desde el aula de la escuela maresmenca, se abren a incorporar más madres y padres que se encuentren en la misma situación y se quieran sumar.