Ha pasado un año desde la constitución del nuevo gobierno municipal y Mataró continúa con los mismos problemas con los que terminó la pasada legislatura. No ha habido una mejora en los principales retos, al contrario, nos encontramos con un proyecto agotado que no es capaz de impulsar la ciudad.
Limpieza, seguridad, cohesión de la ciudad, impulso del comercio, vivienda y movilidad son cuestiones recurrentes donde el gobierno se abstiene de tomar decisiones para no molestar, aplicando aquello de quien día pasa, año empuja. Un gobierno clientelista que piensa en contentar a la gente y no en políticas transformadoras. No hay proyecto.
Iniciamos el mandato con la forma de hacer, punto por punto, del manual socialista en la ciudad. Subida de impuestos de un 8% una vez pasadas las elecciones, tras la congelación de los mismos en los dos últimos años de la legislatura anterior. Esta vez con el aval del PP y Junts per Mataró.
La gestión diaria de la ciudad no mejora. Los delitos y la percepción de inseguridad siguen siendo un problema, la limpieza y la recogida de basura en muchos puntos de la ciudad es completamente insuficiente, la política de vivienda es estéril, por no decir inexistente, la gestión de la movilidad, ineficaz, con la plaza de les Tereses y alrededores completamente colapsada, el carril bici pendiente de una revisión y un desbarajuste en el centro fruto de la improvisación, son ejemplos. Continúan sin mejorar dos áreas cruciales como son el servicio de licencias y el apoyo al comercio de toda la ciudad. Por otro lado, un crecimiento basado en el ladrillo, propio de los años 80 o 90, a unos precios desorbitados, no es la solución. La Torre Barceló, "El Monstruo", es el máximo exponente.
En otras áreas de responsabilidad municipal, la gestión es manifiestamente mejorable. El retraso en la cesión del terreno para la construcción de un hospital sociosanitario, el cierre del hospital de Sant Jaume, decisiones poco debatidas y arbitrarias sobre los restos de Ca la Madrona y la falta de inversión en cultura son fruto de políticas erráticas.
Siguen sin resolverse algunos temas que parecen enquistados, como el solar de "El Corte Inglés", ahora con una demanda contra el ayuntamiento reclamándole 24 millones de euros, una cuarta biblioteca en la parte alta de la ciudad, la necesidad de un palacio de deportes de primer nivel, abrir el debate sobre la necesidad de una estación de autobuses para descongestionar la plaza de les Tereses o la falta de políticas específicas para los barrios de Cerdanyola, Rocafonda o el Palau, son muestras de no afrontar los problemas cuando corresponde.
En la gestión de personal del Ayuntamiento, encontramos un problema muy grave, que parece no tener fin. Empezamos conociendo una sentencia que condenaba a la compañía municipal de Aguas de Mataró a pagar 1 millón de euros por un litigio que lleva años, continuamos con una investigación de la oficina de Antifraude de Cataluña en un caso de posible acoso laboral y represalias, una investigación de la fiscalía por posibles contrataciones irregulares y una condena al ayuntamiento a pagar una indemnización de 49.000 € a una trabajadora, todos ellos casos relacionados. Recientemente, también un conflicto abierto con la policía municipal, que lleva muchos años latente y el gobierno no es capaz de resolver.
El Ayuntamiento de Mataró es una institución que debe prestigiarse y los trabajadores, grandes profesionales, que hay que defender. Desde ERC nos preguntamos quién está al mando de todo esto. Esta forma de hacer, tiene consecuencias en los servicios que recibe la ciudadanía y la calidad de vida de todos.
Tenemos un gobierno que se ha especializado en eludir responsabilidades y culpar a otras administraciones, en lugar de liderar soluciones y ser capaz de crear sinergias de trabajo. Una ciudad con un presupuesto de cerca de 200 millones de euros y 130.000 habitantes debe tener más iniciativa.
Mataró es una gran ciudad con un enorme potencial, donde vale la pena vivir. Hay que gobernarla con más respeto y eficacia. La acción de gobierno de la ciudad debe regirse por principios y prácticas que busquen garantizar una administración pública íntegra y responsable, y a la vez eficaz, orientada a satisfacer las necesidades y los derechos de sus habitantes. Gobernar para la ciudadanía y no para el partido, con una mirada a largo plazo, menos electoralista y más responsable.
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