Capgròs
Eduard Farinyes, vecino de Mataró desde hace 23 años, ha hecho pública la situación de su familia, que se encuentra bajo amenaza de desahucio por parte del fondo buitre Promontoria Coliseum Real Estate, propietario del piso del barrio de El Palau donde residen. A pesar de llevar más de una década pagando mensualmente el alquiler social tras una dación en pago y estar acreditados por Bienestar Social del Ayuntamiento como familia vulnerable, Promontoria se ha negado a renovarles el contrato.
El grupo municipal de la CUP es quien ha difundido el caso de Farinyes, en un vídeo publicado en las redes sociales donde explica que él, su pareja y su hija han afrontado religiosamente el pago del alquiler durante estos diez años, incluso en momentos de grandes dificultades económicas. “No nos hemos negado nunca a pagar el alquiler. Aceptamos pagarlo, pero queremos que se ajuste a la situación real que tenemos”, asegura. Añade que Bienestar Social ha certificado que la familia cumple con todos los requisitos para acceder a un alquiler social, pero que la propiedad ignora estas acreditaciones.
🏠Promontoria Coliseum Real Estate quiere echar a Eduard y su familia de casa sin siquiera sentarse a negociar un alquiler social.
— CUP Mataró (@CUPMataro) 9 de enero de 2025
👉🏽10 años pagando, con informe de vulnerabilidad, han pasado por todos los servicios posibles...
La orden de desahucio, sin embargo, sigue adelante pic.twitter.com/6c0BAeOB7g
Una situación familiar complicada
La familia atraviesa una situación especialmente vulnerable: la pareja de Eduard padece demencia tipo Alzheimer en grado moderado, lo que le impide trabajar, mientras que él no puede acceder a un empleo estable que le permita afrontar un alquiler de mercado. Esta realidad ha deteriorado profundamente la estabilidad familiar.
Cuando recibieron la notificación de no renovación del contrato, el vecino de Mataró explica que se pusieron en contacto con el Servicio de Intermediación en la Protección de la Vivienda de Mataró, que presentó un expediente a la propiedad. Sin embargo, según Farinyes, Promontoria ha ignorado reiteradamente estas gestiones, obligando a la familia a tramitar nuevamente el expediente sin que se adopten medidas concretas. Finalmente, el caso se ha elevado a la vía sancionadora, pero Eduard denuncia que estas multas no tienen ningún impacto real sobre los grandes propietarios.
La vivienda como mercancía
Eduard Farinyes también ha destacado que su caso no es un hecho aislado y denuncia que “la vivienda se está tratando como una mercancía, sin velar por los ciudadanos, sino por los intereses de los grandes tenedores”. Esta situación pone de manifiesto la problemática creciente de la especulación inmobiliaria y la falta de mecanismos efectivos para garantizar el derecho a la vivienda a las familias vulnerables.
La CUP de Mataró ha difundido el caso a través de las redes sociales y ha mostrado su apoyo a la familia, reclamando que se proteja su derecho a una vivienda digna y se ponga fin al acoso por parte de los fondos buitre.
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