Fiscalía ve indicios de delitos en las presuntas contrataciones a dedo del Ayuntamiento de Mataró

Nuevo giro en el caso de las presuntas contrataciones a dedo del Ayuntamiento de Mataró. La Fiscalía ve indicios de delitos de prevaricación, falsedad documental y acoso laboral, implicando a una decena de cargos y funcionarios del consistorio y solicitando al juzgado que lo investigue. Esto se produce como respuesta a las denuncias presentadas por una ex trabajadora que destapó el caso al llevarlo a la Oficina Antifraude y por el grupo municipal de Vox. El Ayuntamiento negó la semana pasada ninguna "práctica delictiva". 

Una arquitecta municipal denunció a la Oficina Antifraude de Cataluña que había detectado varios casos irregulares de contratación en el Ayuntamiento de Mataró mediante procedimientos excepcionales sin concurso previo, es decir, a dedo. Esta misma trabajadora fue despedida a pesar de su condición de protegida por ser denunciante de un posible caso de corrupción. Antifraude abrió un expediente sancionador contra el Ayuntamiento por posibles infracciones administrativas, mientras que el Ayuntamiento también creó una comisión con representantes de los grupos municipales para esclarecer los hechos.

En concreto, la arquitecta municipal, entonces funcionaria interina del Ayuntamiento de Mataró, denunció a la Oficina Antifraude una decena de contrataciones irregulares, que se habrían realizado como contratos de emergencia sin justificar la urgencia de estos procedimientos. Tres de ellos, además de un cargo directivo, habrían sido contratados por el consistorio para realizar el Atlas Urbanístico. La funcionaria fue despedida, a pesar de tener la condición de persona protegida como denunciante en la Oficina Antifraude de un presunto caso de corrupción. La ex trabajadora también trasladó el caso a la Fiscalía, lo mismo que hizo el grupo municipal de Vox, que presentó una denuncia por posible prevaricación administrativa.

Fiscalía lo denuncia al juzgado

En el escrito de respuesta enviado a Vox, al que ha tenido acceso Capgros.com, la Fiscalía provincial señala que, de las diligencias y el resultado de las actuaciones practicadas por este organismo, se desprende la acusación contra una decena de cargos del Ayuntamiento de Mataró por unos hechos que podrían ser constitutivos de cuatro delitos de prevaricación, un delito de falsedad en documento público cometido por un funcionario público y un delito de acoso laboral.

"El Ministerio Público, a la vista de las denuncias interpuestas y del resultado de las actuaciones practicadas en el marco de las presentes Diligencias de Investigación, estima que existen indicios razonables y suficientes de criminalidad para ejercer la acción penal e interponer la correspondiente denuncia", señala en el comunicado. En concreto, lo hace con dos denuncias separadas, ya que no ve conexión entre los delitos de prevaricación y falsedad en documento público, por un lado, y el delito de acoso laboral, por el otro. Por todo ello, la Fiscalía acuerda ejercer la acción penal mediante la interposición de las citadas denuncias ante los Juzgados de Instrucción de Mataró.

El Ayuntamiento niega prácticas delictivas

La semana pasada, antes de que se conocieran las denuncias presentadas por la Fiscalía, el Ayuntamiento de Mataró emitió un comunicado donde negaba la existencia de "prácticas delictivas en la contratación de personal". El consistorio informaba que había entregado voluntariamente a la Fiscalía toda la documentación relativa a tres nombramientos de trabajadores del ámbito de Urbanismo y un proceso de provisión de puesto de trabajo en el ámbito de Recursos Humanos. Nombramientos puestos en entredicho por la ex trabajadora que presentó la denuncia a Antifraude.

El Ayuntamiento aseguró que no había despedido a la trabajadora a pesar de su condición de protegida, sino que no había obtenido plaza después de un proceso selectivo de estabilización de empleo temporal para funcionarios interinos. El consistorio mencionó un "conflicto laboral" con esta persona, que quiso "desvincular" de las "acusaciones y/o insinuaciones de prácticas delictivas, corruptas o fraudulentas en el ámbito de la contratación pública de personal, que atentan gravemente contra la imagen de la corporación".

Indemnización a la trabajadora

En el marco de este conflicto laboral y de la decena de litigios abiertos por la trabajadora, el Ayuntamiento ha sido recientemente condenado a indemnizarla con 49.000 euros por daños morales. Una sentencia vinculada a cuestiones como el vaciado de funciones al que se la sometió y al cambio de ubicación, algo que habría generado malestar y conflictividad laboral a la trabajadora, pero que no tiene relación directa con las denuncias por contrataciones a dedo presentadas por la ex arquitecta municipal a la Oficina Antifraude y a la Fiscalía.