Denuncian que fondos buitre venden pisos en Mataró con inquilinos

El Sindicato de Vivienda de Mataró ha denunciado que en la ciudad se están poniendo a la venta decenas de pisos que en realidad tienen inquilinos. Aunque algunos de ellos son okupas que están de manera ilegal, aunque sea por necesidad social ya que no tienen otro techo, en otros casos estos inquilinos son personas con alquileres sociales que los propietarios, en este caso los fondos llamados "buitres", deberían renovar por ley, cosa que no están haciendo.

Tal y como señalan desde el Sindicato, los portales de webs especializadas muestran cientos de anuncios de pisos en Mataró por menos de 90.000 euros. Precios muy bajos en comparación con el mercado (que se suelen vender como 'oportunidades de inversión' o eslóganes similares) pero con una razón muy clara: el comprador encontrará gente dentro. "Hay pisos ocupados, pero también alquilados" explican los activistas.

¿Qué significa esto? En la mayoría de casos, según especifican desde el Sindicato, se trata de pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias post-crisis del 2008. Las familias hicieron dación en pago al banco y posteriormente lograron firmar con la misma entidad financiera un contrato de alquiler social. El problema es que posteriormente estos bancos vendieron los pisos, considerados activos tóxicos, y estos fueron pasando de mano en mano hasta acabar en propiedad de fondos de inversión internacionales, también conocidos como "buitres".

"Los contratos de alquiler social han comenzado a caducar y los inquilinos descubren que el nuevo propietario no quiere saber nada de ellos. La ley 24/2015 obliga a los grandes tenedores a renovar los contratos en casos de vulnerabilidad, pero desde el Sindicato aseguran que esto no se cumple", aseguran desde el Sindicato. Los propietarios están optando por poner a la venta estos inmuebles, a pesar de que hay inquilinos que viven con un contrato que deberían renovar y se niegan a hacerlo, apuntan desde la organización.

El Sindicato aporta varios ejemplos de "víctimas" de esta situación, como el caso de una mujer de 55 años, con una discapacidad del 52% y una hija menor con problemas de salud mental. El fondo buitre propietario del inmueble, a través de su filial inmobiliaria, quiso desahuciarla el pasado 22 de mayo, pero el Sindicato logró el aplazamiento del lanzamiento. Otro ejemplo sería el de una residente del barrio del Pla d’en Boet, o el de un vecino del barrio de Rocafonda, ambos inquilinos de pisos de un mismo fondo. En el primer caso, estaba luchando por conseguir la renovación de su contrato de alquiler, cuando un amigo le avisó que había encontrado su piso en un portal inmobiliario.

“Una cosa es un particular que tiene un piso vacío y alguien lo ocupa. Otra cosa muy diferente es que un particular compre conscientemente un piso ocupado o alquilado. Los inversores que juegan a este juego son una lacra social; están traficando con vidas de personas”, concluyen desde el Sindicato.