Capgròs
Mataró cuenta con una cifra ligeramente superior a las 300 viviendas de protección oficial y de propiedad municipal. Una cantidad muy lejana de las casi 8.000 que, según establece el Plan sectorial territorial de vivienda de la Generalitat, una ciudad como la capital del Maresme debería tener para hacer frente a la demanda social. Sin embargo, también es cierto que la lista ha ido creciendo a un ritmo constante en los últimos años, con alrededor de sesenta adquiridos por diversas vías en el último mandato. Ahora, se ha sumado con siete viviendas nuevas, ubicadas junto a la Porta Laietana.
La concejala de Vivienda, Sarai Martínez, acompañada de la presidenta de PUMSA y concejala de Urbanismo, Núria Moreno, visitaron este martes, 28 de noviembre, los pisos situados en el carrer Narcís Monturiol, en el sector Ernest Lluch/Valldeix, una isla entre el TecnoCampus y el solar de Iveco-Pegaso. Los pisos forman parte de un edificio construido por una promotora privada, y el Ayuntamiento ha destinado 1,35 millones de euros a su adquisición. Los 7 hogares de la promotora son de protección oficial, es decir, el Ayuntamiento los ha comprado al precio tasado por la Generalitat.
Uno de los pisos se utilizará para realojar a un afectado por el plan de mejora urbana del sector de Iveco, mientras que los seis restantes se destinarán al alquiler y se adjudicarán a principios del próximo año entre las personas inscritas en el Registro de solicitantes de viviendas con protección oficial de Mataró, que actualmente cuenta con poco menos de mil residentes en la ciudad.
El precio del alquiler depende de los ingresos de cada unidad familiar, aunque no puede superar el máximo de 8,95 euros por metro cuadrado. Las viviendas adquiridas tienen dos habitaciones y 65 metros cuadrados, por lo que el precio máximo que pagarán los inquilinos será de 580 euros al mes, un alquiler bastante inferior al que establece el mercado inmobiliario mataronense para viviendas nuevas de estas dimensiones.
La concejala de Vivienda señala que la operación responde a "la necesidad que tiene la administración de ampliar su parque de viviendas públicas", especialmente en el ámbito del alquiler, ante la falta de oferta, los precios disparados y la elevadísima demanda. Estas nuevas viviendas, al igual que el resto de titularidad municipal gestionada por PUMSA, se adjudican por sorteo a los solicitantes que cumplen con los criterios socioeconómicos establecidos por el ayuntamiento.
El gobierno municipal ha establecido como una de las prioridades del actual mandato ampliar la cifra de pisos públicos. Martínez confía en que estos cuatro años se cierren con 200 viviendas más ya conseguidas o bien proyectadas, gracias a promociones como los pisos dotacionales para personas mayores en el carrer Muntanya, un nuevo proyecto en el carrer Churruca o las viviendas que construirá la Generalitat en la ronda Barceló, entre otros.
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