Un Juzgado Contencioso Administrativo de Barcelona ha confirmado una multa de 500 euros a una vecina de Mataró que se enfrentó verbalmente con la Policía Local sobre el uso del catalán. La mujer fue multada por desobediencia y obstrucción de los servicios públicos por unos hechos que ocurrieron en 2021, y que Plataforma per la Llengua denunció como un caso de discriminación lingüística.
Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando la vecina de Mataró acudió a comisaría para denunciar que en una tienda de telefonía le habían exigido que hablara en castellano y le habían negado la hoja de reclamaciones. Según la sentencia a la que ha tenido acceso la ACN, la mujer entró gritando y trató a un agente de “inculto de mierda” porque le había propuesto que hablara con el dependiente en castellano. Dos cabos le advirtieron que se exponía a una sanción si no cambiaba de actitud, y ella les respondió “prevarica, so cabrón”.
Sanción del Ayuntamiento
En septiembre de 2022, el Ayuntamiento acordó una sanción administrativa de 500 euros por desobediencia y obstrucción. Paralelamente, ella acusó de vulneración de derechos lingüísticos al agente que la atendió inicialmente, porque el hombre le dijo que se dirigiera al dependiente hablando en castellano si ese era el motivo del conflicto. El caso acabó en los juzgados, y en enero de 2023 se dictó sentencia “constatando versiones contradictorias” entre la mujer y el policía local.
Esto motivó que esta vecina pidiera al Ayuntamiento una revisión extraordinaria de su multa porque la consideraba nula después de la sentencia, pero el consistorio se lo denegó. La mujer acudió al Juzgado Contencioso Administrativo para impugnar la negativa a la revisión de su caso y ahora este tribunal ha desestimado el recurso, concluyendo que el Ayuntamiento tenía razón.
Comisaría de la Policía Local
Según el tribunal, la sentencia de enero de 2023 “no se contradice con la descripción de la conducta de la mujer, que supuso una efectiva alteración del orden”. En este sentido, el Contencioso Administrativo concluye que es “acertado” que el Ayuntamiento haya denegado una revisión extraordinaria de la multa porque la sentencia del juzgado penal se limita a analizar si hubo o no un delito de coacciones, y no entra a valorar el comportamiento de la mujer.
El juez también apunta que la sentencia inicial consideró acreditados “hechos esenciales de la infracción impuesta por parte del Ayuntamiento”. “Está sobradamente motivada la inadmisibilidad a trámite”, determina el tribunal que, además de confirmar los 500 euros de multa que deberá pagar la mujer al consistorio, la condena a hacerse cargo de las costas judiciales, que ascienden a 300 euros. Esta sentencia no admite recurso.
“Inculto de mierda, que no sabes qué dice el estatuto”
Según recoge la sentencia, el 13 de diciembre de 2021 la mujer acudió a la comisaría después de haber hecho una llamada a las dependencias policiales para denunciar que en un establecimiento no le habían querido dar una hoja de reclamaciones donde ella quería quejarse por no haber podido ser atendida en catalán.
Durante la llamada, un policía local le propuso que hablara en castellano con el dependiente y le dijo que una patrulla acudiría a la tienda cuando pudieran. Al cabo de un rato, la mujer fue a comisaría “gritando” y pidió una prueba de sonometría cuando le pidieron que bajara el tono de voz.
Un caso de "discriminación lingüística"
Plataforma per la Llengua se hizo eco del caso y reclamó al Ayuntamiento de Mataró que anulase la sanción contra la ciudadana...
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