portada opinió Isidre molmosa
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Isidre Molsosa Pujal

Una triste sentencia y la Torre Barceló

El arquitecto Isidre Molsosa Pujal explica en este artículo cómo y por qué la Torre Barceló es de 26 plantas, 6 más que las previstas en el planeamiento

Estos días, la actualidad urbanística de Mataró está sacudida por la construcción, ciertamente impactante, de la torre Barceló.

Como persona que vivió de cerca buena parte de su gestación, me gustaría explicar algunos hechos iniciales de los que no se ha mencionado hasta ahora y aportar así algunas reflexiones más a la polémica suscitada.

Antes, sin embargo, quisiera empezar diciendo que, a mi parecer, la imagen actual de la torre en obra cruda y plena construcción seguramente no le hace justicia ni es un buen referente para juzgarla arquitectónicamente. Habrá que esperar a ver cómo evolucionan sus fachadas y acabados finales para valorarla definitivamente.

Otra cosa es su volumen y altura que, estos sí, ya se pueden ver plenamente. Pero aquí también hay que tener presente que su implantación no es ajena al conjunto de la ordenación del nuevo frente marítimo de poniente, una franja litoral que desde la ronda Barceló hasta el paseo del Rengle, dobla prácticamente la actual fachada urbana de la ciudad.

Este proceso de transformación, especialmente en lo que respecta a la zona de la antigua fábrica Iveco, aún está en marcha. Me parece, por tanto, que tendremos que esperar a su materialización definitiva para valorar no solo la ordenación y altura más o menos acertadas de las edificaciones, sino también la calidad de sus espacios públicos, de sus equipamientos y servicios, y de la vida que puedan generar a su alrededor. De otro modo, y salvando las distancias, sería como valorar las barcelonesas torres Mapfre y del Hotel Arts independientemente de todo el barrio de la Vila Olímpica que las respaldan.

Pero la voluntad de este artículo no es esta, sino la de explicar un poco la génesis inicial de la torre Barceló y recordar algunas vicisitudes importantes en su largo proceso de planificación, lleno de cambios y obstáculos que han acabado desdibujando parte de los objetivos iniciales.

A finales de los años 90, el Ayuntamiento de Mataró convocó un concurso para buscar ideas para la ordenación urbanística y arquitectónica de la ronda Barceló.

El proyecto ganador del concurso quería poner en valor un punto singular de la ciudad, allí donde el circuito de rondas llega al mar y con este objetivo proponía efectivamente una torre de veinte plantas de altura. Pero al mismo tiempo y ligado a esta torre, también planteaba una atrevida solución urbanística para superar un problema entonces importante para la ciudad: el puerto de Mataró estaba totalmente desligado del tejido urbano (estamos hablando de hace casi 30 años y el paso subterráneo de Laia l’Arquera no existía), quedando aislado y con graves problemas de subsistencia para sus actividades.

El proyecto proponía entonces un gran paso subterráneo (de hecho era toda la anchura de la ronda la que se deprimía) por debajo de lo que aún se llamaba N-II y de todas las vías de tren, hasta llegar al puerto, conectándolo así con la ronda y el conjunto de la ciudad.

Posteriormente, a comienzos de los años 2000, las propuestas del concurso se materializaron en una modificación puntual del plan general urbanístico de la ciudad, que recogía estas ideas y planteaba lo que en términos de gestión urbanística se llama un nuevo “equilibrio entre beneficios y cargas”.

Es decir, el costo de construcción de este paso subterráneo lo debían asumir los propietarios y promotores de la ronda Barceló, a cambio de un significativo aumento de la edificabilidad concretado principalmente en lo que hoy llamamos torre Barceló. La modificación fue aprobada definitivamente por la Generalitat de Cataluña.

Muchas veces, los procesos urbanísticos no terminan con su aprobación definitiva sino que suelen generar recursos administrativos que normalmente terminan en los tribunales. Algunos veces con motivos suficientemente fundamentados pero también a menudo por el simple hecho de probar suerte en los tribunales. Y efectivamente, la ronda Barceló no fue una excepción. Algunos propietarios y promotores plantearon un recurso quejándose de tener que asumir el costo del nuevo paso subterráneo.

La casualidad hizo que la resolución judicial de este recurso coincidiera temporalmente, ya a finales de los años 2000, con la llamada "Operación Pretoria" de gran impacto mediático y social, tanto por su alcance como por la notoriedad de sus implicados. La operación la dirigía el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y estaba dirigida contra una serie de actuaciones urbanísticas centradas principalmente en Santa Coloma. La argumentación del magistrado, de acuerdo con la legislación urbanística, era básicamente que las plusvalías (normalmente mayores edificabilidades) generadas por una modificación del planeamiento urbanístico deben ir a parar mayoritariamente a la administración pública, no a manos privadas.

Pues bien, la sentencia judicial del recurso contra la modificación de la ronda Barceló aplicó un criterio exactamente contrario a esta argumentación. Por un lado anuló la obligación de los propietarios y promotores de la ronda de hacer frente a los costos del nuevo paso subterráneo, pero por otro mantuvo intacta la mayor edificabilidad (básicamente la torre, como he dicho).

Dicho de otra manera, al no anular totalmente la modificación del plan general, lo que habría sido más coherente en su lógica, y suprimir solo la obligación de costear el paso subterráneo, dio a los propietarios y promotores de la ronda una mayor edificabilidad, unas plusvalías en definitiva, sin ningún tipo de contraprestación. Justo lo contrario de lo que se perseguía en el caso Pretoria.

La ciudad se quedó sin paso subterráneo y la torre continuó su curso.

Más allá de la indignación que una sentencia como esta puede comportar y de la falta de confianza en el sistema judicial que genera, esto también hace que a día de hoy, si no se explican estas vicisitudes, cueste mucho entender determinadas actuaciones.

Imaginemos lo diferente que sería la percepción social que hoy tendríamos de la torre si estuviera asociada y se construyera al mismo tiempo con el gran paso subterráneo previsto inicialmente.

Por suerte y creo que con acierto, el Ayuntamiento actual parece que está intentando recuperar la idea de un paso en la ronda, esta vez ligado a las obras previstas para la remodelación de la actual estación ferroviaria. Esperemos que tenga éxito en este mundo político y judicial tan convulso y contradictorio.

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