Capgròs
Las últimas encuestas ciudadanas apuntan que la sensación de inseguridad es el principal problema que percibe la ciudadanía en municipios como Barcelona y su entorno metropolitano, incluido Mataró. Las ocupaciones conflictivas y la multirreincidencia son dos de los factores que agravan esta situación, según el diagnóstico que hacen los alcaldes de estos municipios. Por eso, una vez más, como llevan haciendo desde hace años, han reclamado que los delincuentes con numerosos antecedentes sean encarcelados, y que se penalice de manera mucho más severa la usurpación de inmuebles.
Así lo han manifestado los alcaldes de la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano, que se han reunido este viernes, día 27, en Mataró, en una jornada de trabajo sobre seguridad y civismo. De este encuentro ha surgido la propuesta de resolución "La apuesta del Arco Metropolitano por unas ciudades seguras y cívicas", que el organismo, del cual Mataró es uno de los miembros, tiene previsto trasladar a la consejería de Interior de la Generalitat y también al Congreso de los Diputados.
"No puede ser que un detenido por 50ª vez salga al día siguiente a la calle", dice uno de los ediles.
La presidenta de la asociación, Ana Maria Martínez -alcaldesa de Rubí- y el vicepresidente, Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, han detallado en rueda de prensa el contenido de este documento. Por un lado, reclaman modificar el código penal para que de una vez por todas se castigue a los delincuentes multirreincidentes con prisión preventiva cuando sean detenidos por enésima vez por delitos como hurtos. "Nadie se explica que alguien que es detenido por cometer un delito que ha cometido 50 o 60 veces anteriormente, salga a la calle al día siguiente", ha dicho Fonollosa.
El documento recuerda que recientemente se ha aprobado la tipificación de los hurtos prevista en el artículo 234.2 del código Penal, la cual "no ha dado sus frutos debido a la inaplicación que se ha llevado a cabo por la falta de efectivos de jueces y juzgados penales, así como las limitaciones impuestas por la doctrina del Tribunal Supremo". Por este motivo, los alcaldes piden que se incremente la planta judicial para hacerlo posible.
Un bien inmueble ocupado no puede constituirse como domicilio legal de los ocupantes, reclaman los alcaldes.
En cuanto a las ocupaciones, la asociación urge nuevamente a modificar el Código Penal para que los delitos de usurpación de bien inmueble dejen de estar tipificados como delito leve y pasen a ser considerados graves, con penas privativas de libertad. Una medida que se tomaría "con un objetivo disuasorio y para evitar el mayor número de ocupaciones", según dice el texto. Para los alcaldes, es especialmente grave que la ocupación ilegal de un inmueble acabe constituyéndose en el domicilio legal de los ocupantes cuando pasan unas horas desde la ocupación, como han señalado que sucede actualmente.
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