Capgròs
El Juzgado de Mataró ha archivado la querella contra un centro geriátrico de Premià de Mar donde murieron hasta 87 residentes a causa de la Covid en 2020. Según ha adelantado 324.cat, la jueza ha desestimado las acusaciones sobre la dirección de Ca n'Amell por falta de pruebas. La fiscalía, que fue quien presentó la querella hace dos años, ha solicitado ante esta decisión que se archive el caso.
Tal y como señala 324.cat, la decisión ha generado mucha sorpresa y extrañeza entre los familiares de los residentes, ya que fue la propia fiscalía la que, en su querella, acusó a los responsables del centro de haber provocado un "sufrimiento gratuito" a los usuarios de la residencia, de haberlos "desatendido" y de no haber tomado ninguna medida para evitar la situación que se desencadenó en el centro durante los meses de marzo y abril de 2020. El ministerio fiscal considera ahora, en un inesperado cambio de criterio, que no se puede probar la acusación por homicidio imprudente contra el director y la directora médica de la residencia.
En declaraciones recogidas por Premià Media, familiares de las víctimas se muestran "indignados" por el giro de la Fiscalía, y consideran que se debe a una "orden política" para pasar página en los casos de las residencias que registraron una alta mortalidad por casos de Covid durante la pandemia. El alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, ha afirmado en el mismo medio que respeta la decisión judicial, pero ha admitido "mucha extrañeza" por el cambio de criterio.
Las acusaciones de la fiscalía
El juzgado de instrucción número 2 de Mataró era el encargado de investigar a la dirección de la antigua residencia Ca n'Amell de Premià de Mar (Maresme) por un caso de homicidio por imprudencia profesional, después de que durante los primeros meses de la pandemia murieran 87 de los 200 residentes. La investigación se abrió a partir de una querella de la fiscal jefe de Mataró. La residencia, de hecho, fue intervenida por la Generalitat el 17 de abril de ese año debido a una serie de irregularidades en la gestión del centro.
La intervención de la Generalitat llegó después de una ola de mortalidad que inicialmente fijaba en poco más de una veintena el número de víctimas. Sin embargo, la Fiscalía elevó la cifra a 87 personas fallecidas vinculadas a la residencia. 62 murieron en el mismo centro, 24 en centros sanitarios a los que fueron trasladadas y una última en su casa. Según relató entonces la fiscalía, estos déficits en la gestión del centro ya se daban antes de marzo de 2020 y se vieron "incrementados exponencialmente" a raíz de la pandemia. "El número de personas contratadas en relación con el número de residentes era muy escaso, lo que provocaba que el trato y los cuidados a los usuarios fueran deficientes", resume la querella.
La querella relata algunos casos, como el de un hombre que, a pesar de necesitar oxígeno, fue encontrado en un "evidente estado de abandono", con deposiciones en la cama y sin el oxígeno requerido. De otra mujer explican que perdió quince kilos porque no recibía "la alimentación necesaria". A otra mujer se le negaron los tratamientos paliativos, "privándola de una muerte sin sufrimiento". Por todo ello, la fiscalía acusó a la dirección de la residencia de los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional y trato denigrante.
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