Capgròs
La Audiencia de Barcelona ha dado la razón a los investigados del 'caso Volhov' y ha declarado concluida la instrucción de al menos dos de las piezas separadas de la macrocausa al anular la prórroga dictada por el instructor el 1 de agosto del año pasado. El magistrado Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, no podrá utilizar, por tanto, la información que se haya generado desde entonces. La Audiencia considera que no se cumplieron "debidamente" los requisitos para acordar la prórroga del plazo de instrucción. En particular, la "necesidad" de exponer las diligencias concretas que era necesario practicar y su relevancia para la investigación. Tampoco explicitaba los motivos que habían impedido finalizar la instrucción.
La segunda pieza interrumpida, la de Villa Bugatti, en Cabrera de Mar, afecta sobre todo al empresario y exconsejero de ERC Xavier Vendrell y apunta a diversos posibles delitos de tráfico de influencias para beneficiar sus empresas mediante subvenciones y adjudicaciones públicas. En concreto, se centra en la Consejería de Educación, la de Salud y el Ayuntamiento de Cabrera, donde Vendrell quería construir una escuela. Según la investigación, Vendrell contactaba directamente con altos cargos para agilizar ciertos trámites y criticaba a quienes ponían trabas, según las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y a las cuales Aguirre da plena credibilidad.
La Guardia Civil acusa al exconsejero de Educación Josep González Cambray y a otro ex alto cargo de tener un trato de favor hacia Vendrell y, por tanto, de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Vendrell preside la Fundación Pedagógica El Brot, que tiene una escuela de educación especial en Sant Joan Despí (Baix Llobregat) y quería abrir otra en los terrenos de la Villa Bugatti. La fundación pidió ampliar las líneas de concierto de la primera escuela, pero Educación lo rechazó, así como la ampliación de dos unidades más si antes no se realizaban unas obras. En cambio, sí otorgó el incremento de dos maestros para adaptarse al aumento de alumnos.
En una conversación telefónica interceptada a Vendrell en noviembre de 2019, este explicaba que había hablado con el consejero de Educación, Josep Bargalló, y la entonces directora general de Centros Concertados y Privados, Pilar Contreras, y ambos apoyaban sus tesis. Además, el entonces director general de Centros Públicos, Josep González Cambray, también estaba a favor suyo, y Vendrell concluía que habría "presión" sobre la "mala puta" de la directora general de Currículum y Personalización, Maite Aymerich. Vendrell explicaba que hasta que Aymerich llegó al departamento "lo tenían todo muy encarrilado". "De repente aparece esta señora y todo son trabas, que no y que no, que se ha hecho mal" y "dice lo que se debe hacer bien, que son las normas", añadía.
En abril de 2020 Vendrell habló por teléfono con Cambray y le explicó que la escuela de Sant Joan Despí tenía autorizadas ocho aulas de 12 alumnos cada una, y Contreras le había prometido que le autorizarían diez aulas si hacían obras. Aun así, la Guardia Civil asegura que el plazo para presentar la solicitud de ampliación de concierto había llegado tarde.
En junio, Vendrell se quejó a Contreras de que la resolución del concierto establecía un máximo de ocho alumnos por clase, pero la directora general le respondió que los servicios territoriales le dejarían tener hasta un máximo de 12. "Hacemos la vista gorda y adelante", habría dicho Contreras a Vendrell. Vendrell, en otra conversación, dijo que los servicios territoriales "no tocarán la pera, aunque la resolución ponga esto, a nivel extraoficial habrá 12 alumnos igualmente". Contreras le dijo unos días después que no se podía otorgar el concierto a grupos no autorizados.
Alcalde, regidor de urbanismo y arquitecto municipal de Cabrera
Respecto a la escuela de Cabrera, Vendrell pretendía una modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de la localidad para hacer una recalificación de la Villa Bugatti, dedicada a bodas y grandes eventos, y que afecta a 48,000 metros cuadrados, pasando su valor de 5 a 10 millones de euros. Vendrell pretendía mantener la actividad de banquetes pero añadiendo una escuela. Según la Guardia Civil, el proyecto no se puede realizar a través de una modificación puntual del POUM, sino que se debería redactar y aprobar un plan parcial.
Para llevar adelante el proyecto constituyó en noviembre de 2019, junto con unos socios, la entidad Maresme Futur. Contactó con el consejero Bargalló y con el de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, además del alcalde de Cabrera, Jordi Mir (PDeCAT), y el concejal de Urbanismo, Enric Mir (ERC). Según los investigadores, Vendrell obtuvo el compromiso de Territorio de agilizar los trámites por encima de lo que marca la norma, pero la pandemia sanitaria los interrumpió. El concejal de Urbanismo también se comprometió a agilizar los plenos municipales. El pleno para aprobar inicialmente la modificación se celebró el 25 de febrero.
A pesar de no haberse tramitado ni aprobado por la Comisión de Urbanismo de la Generalitat la modificación puntual, la Guardia Civil asegura que "se han ejecutado obras y movimientos de tierras absolutamente irregulares" en Villa Bugatti, "ya que no tienen licencia y se siguen celebrando eventos incumpliendo reiteradamente las normas urbanísticas y sanitarias". "De la actividad no legalizada, el alcalde y el concejal de Urbanismo tienen pleno conocimiento, pero Vendrell se muestra seguro al afirmar: aquí vendrá Torra a inaugurar, no vendrán de la Generalitat a pedirte explicaciones", asegura el informe policial. De hecho, Vendrell habló con el secretario general de Interior, Brauli Duart, quien lo "tranquilizó al decirle que habría controles policiales informativos para que Torra esté contento, pero es pura escenografía".
La "connivencia" de Enric Mir, dice la Guardia Civil, "llega al extremo de ocultar datos a otros propietarios llegando a afirmar que si se presentan alegaciones, se declaran fuera de plazo y a tomar por saco". Vendrell entendía que los vecinos y propietarios de la zona protestaran por una edificación de tres plantas.
El concejal de Urbanismo explicó a Vendrell que agilizaría los trámites y los firmaría una secretaria accidental a la cual habría "presionado" para firmar la documentación. Además, también le reveló que el alcalde tenía "problemas" con el secretario municipal porque ponía trabas al proyecto. Cuando el secretario pasó al Ayuntamiento de Arenys de Mar, el concejal dijo que le interesaba "un tío de los suyos" para hacer todo lo que tenía planeado.
El gobierno municipal presumió en su día de la posibilidad de que el municipio acogiera este proyecto: "El consistorio ha facilitado su implantación por los beneficios que supone, tanto educativos como en la actividad económica", recitaba el boletín municipal. La recalificación del complejo de Villa Bugatti tuvo el apoyo de los grupos que apoyan al gobierno municipal (JxCat, ERC y PSC), y también de la CUP y Alternativa por Cabrera, en la oposición. El grupo independiente Gent per Cabrera, también en la oposición, se abstuvo.
El informe policial que el juez Aguirre asume explica que la Fundación El Brot "recibe de forma recurrente subvenciones del Departamento de Educación que no se justifican convenientemente". De hecho, un asesor de Vendrell también detenido, Jordi Sanglas, llegó a decir que no se podían justificar "ni borracho" las subvenciones, porque se recibía más dinero del que se gastaba y se intentaban justificar inflando otras partidas de gasto. Al parecer, en los últimos tres años la escuela de Sant Joan Despí ha recibido 210,000 euros públicos, y el anterior contable de la fundación, Josep Querol, "hacía apuntes contables que no respondían a la realidad para cuadrar las cifras: es decir, que se estarían obteniendo fondos públicos de manera absolutamente irregular".
De hecho, Vendrell temía que un exempleado con el cual tenía un conflicto laboral llevara todas estas irregularidades a los medios de comunicación. Vendrell, en algunas conversaciones, dejaba entrever que conseguirían subvenciones públicas de otros departamentos, aunque esperaba tenerlo atado antes de un eventual cambio de Gobierno. De hecho, pidió a González Cambray que hablara con el director de los servicios territoriales de Educación en el Maresme para agilizar la concesión del concierto educativo.
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