La escuela Cerro del Dragón de Canet de Mar ha empezado a aplicar este jueves el 25 % de clases en castellano en un grupo de P5 por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a raíz de la denuncia de una familia. El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray ha visitado el centro para criticar la medida y trasladar el apoyo del Gobierno a la comunidad educativa. Cambray lamenta que un juez "desde el desconocimiento" de la realidad lingüística tome "decisiones pedagógicas" y "aplique porcentajes" en el aprendizaje de las lenguas. Las familias, por su parte, asumen con resignación la medida. "El modelo no se tendría que romper por un interés particular", ha lamentado la presidenta de la AMPA de la escuela, Mònica Ruz.
Gobierno y comunidad educativa coinciden a defender el "modelo de éxito" de la inmersión lingüística y lamentan que se den casos cómo el del Cerro del Dragón. Es, dice Cambray, una "anomalía" que no se ajusta a la realidad de los centros. En el caso de Canet de Mar, además, la orden es para un grupo de niños de cinco años, donde todavía no se imparte ni catalán ni castellano.
"No existe ningún problema con la lengua"
La asociación de familias de alumnas recuerda que el proyecto lingüístico vigente hasta la semana pasada tiene "el consenso de toda la comunidad educativa" y creen que tiene que aplicarse de manera unitaria todas las aulas de la escuela. La inmersión, apunta también el consejero, garantiza la cohesión la equidad y la igualdad de oportunidades.
"No existe ningún problema con la lengua en las escuelas catalanas por más mentiras que digan", ha espetado Cambray, que lamenta que se esté intentando generar un conflicto donde no hay. También las familias ven con preocupación este extremo y temen que la disputa judicial y política por la lengua pueda acabar afectado la convivencia de la comunidad educativa.
"Tolerancia y respeto"
La presidenta de la AMPA, Mònica Ruz, exige "tolerancia y respeto por todas las opiniones y espera que el grupo de P5 afectado pueda continuar el curso "con buena entente". También por este motivo, el grupo de familias afectadas ha pedido a los convocantes de una protesta contra el anuncio del TSJC, convocada por este viernes, que no la hagan ante la escuela: "No queremos tensión"
Ana Maria Dueñas, castellanoparlante y abuela de una niña de P5, también cree que el ajetreo que se ha generado alrededor de la resolución del TSJC sobre la lengua es perjudicial, sobre todo, para los niños. "No sé porque se tienen que pelear por eso. Los niños se dan cuenta y no se agradable para ellos", afirma
Otro padre, en este caso de un niño de P3, Jordi Vallverdú, voz con desazón la medida ante la posibilidad que esto se pueda extender más allá de una aula de la escuela. "Pueden hacer esto y cuántas cosas más? Solo porque lo pida una familia?", se pregunta. De momento, pero, al Departamento no le constan más casos –hay 80 familias denunciantes desde 2005.
Romper el sistema educativo
Vallverdú cree que la imposición del 25 % de las clases en castellano es un intento de "romper" un sistema educativo que "funciona bien". Además, cree que aumentar las horas lectivas en castellano "no lleva en ninguna parte" porque los alumnos ya viven en castellano buena parte de su día a día fuera de las aulas y esta lengua disfruta ya de una "salud fantástica".
Sea como fuere, la medida a que obliga el TSJC es ya una realidad en la escuela y este jueves el grupo de P5 afectado ya ha hecho una hora íntegramente en castellano, de 10 h a 11 h. En este curso no se hacen asignaturas y se trabaja por rincones. Según ha detallado Cambray, los niños harán en esta lengua algunos de estos rincones, así como la clase de plástica o psicomotricidad.
El Gobierno ha ofrecido su "acompañamiento" en el centro porque pueda tomar las medidas organizativas necesarias para dar cumplimiento a la medida y lamenta que el TSJC se dirija directamente en la escuela, impidiendo así que sea el Departamento quien responda jurídicamente a los tribunales.
Comentarios (9)