Capgròs
Los Comunes han acordado con el Gobierno destinar 14 solares del ejecutivo a la construcción de 1.200 viviendas de protección pública. Uno de estos solares se encuentra en el Maresme, en concreto en el municipio de Cabrils, en la calle Campins.
Durante la sesión de control de este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la líder de los Comunes, Jéssica Albiach, ha celebrado el pacto, pero ha advertido que es necesario llegar a las 50.000 viviendas públicas, de acuerdo con el pacto de investidura. Illa, que ha garantizado la "voluntad" del ejecutivo de llevar a cabo una política de vivienda "a largo plazo", ha pedido consenso a los grupos parlamentarios para que esta estrategia se mantenga en el tiempo. El acuerdo prevé construir en Terrassa, Llançà, Barcelona, Sant Vicenç de Castellet, Esplugues, Girona, Cabrils, Tarragona, Xerta, Prades y Figueres.
Los Comunes han acordado con Illa destinar varios solares que dispone el Gobierno a la construcción de 1.200 viviendas de protección pública. Para ello, el Departamento de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat, llevará a cabo las licitaciones para adjudicar estos derechos de superficie.
El compromiso, cerrado esta semana, se enmarca dentro del pacto de investidura en el que PSC y Comunes acordaron construir 50.000 pisos durante el período 2024-2030 para dar respuesta a la demanda de vivienda social y asequible. Durante la sesión de control, Albiach ha subrayado que la cifra de 1.200 viviendas es una "buena noticia" pero que es necesario llegar a las 50.000 pactadas.
En esta línea, la presidenta del grupo parlamentario de los Comunes ha preguntado a Illa cómo piensan acelerar la maquinaria: "La legislatura es larga pero no tanto", ha advertido. En la réplica, el presidente de la Generalitat ha admitido que el objetivo es "ambicioso" pero ha mostrado "confianza" en lograrlo. Illa ha reiterado que la vivienda es una "prioridad" de su Gobierno.
El jefe del ejecutivo ha reclamado "consenso" al resto de grupos parlamentarios para que las políticas de vivienda sean "sostenidas" en el tiempo, y los próximos gobiernos de Cataluña puedan disponer de esta herramienta.
El acuerdo, dentro de un proceso específico, prevé construir en terreno público. Se trata de una protección que no caduca, y se ofrecerá a estas viviendas la condición de protección pública de forma indefinida. Se construirán en diferentes puntos de Cataluña: Terrassa, Llançà, Barcelona, Sant Vicenç de Castellet, Esplugues, Girona, Tarragona, Xerta, Prades y Figueres.
El acuerdo también prevé fomentar la colaboración con las entidades locales de Cataluña para conseguir más suelo público para la construcción de viviendas habituales. El último Consejo Ejecutivo aprobó el decreto para poder aplicar el acuerdo.
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