El Ayuntamiento inspecciona el edificio del centenar de ocupas a Cerdanyola

Un nutrido grupo de técnicos municipales ha inspeccionado el edificio de la calle Jaume I de Mataró ocupado ilegalmente por aproximadamente un centenar de personas. La situación que se vive al inmueble está causando graves problemas de seguridad y convivencia al barrio de Cerdanyola y desde el Ayuntamiento se está analizando el caso a fondo. El objetivo sería encontrar alternativas para poder desalojarlo con más celeridad del que prevé el protocolo habitual, pero el proceso resulta extremadamente complejo.

El consistorio no mujer detalles sobre la tarea concreta que están realizando estos técnicos municipales, más allá de confirmar que inspeccionaron el inmueble el pasado martes, día 23. Desde el Ayuntamiento, pero, se recuerda que se ha elaborado un nuevo protocolo municipal para intentar facilitar los desalojos preventivos de inmuebles ocupados ilegalmente que generan problemas de seguridad y de convivencia. Los técnicos, por lo tanto, estarían analizando posibles vías incluidas en el protocolo, como por ejemplo irregularidades o daños que afecten la solidez estructural del inmueble, la habitabilidad o por temas de salubridad, cuestiones que, en caso de demostrarse, podrían servir de base para intentar acelerar el desalojo.

La situación al inmueble de Jaume I es tan grave, como explican los vecinos afectados, que seguramente una o más de estas premises en materia de salubridad o daños estructurales se cumplen y podrían facilitar el desalojo. Los residentes en el entorno del inmueble explican que los ocupantes han pinchado el suministro de agua y luz, creando numerosos problemas como por ejemplo inundaciones y cortes eléctricos a los vecinos. Además, según explicaba martes el diario La Vanguardia, algunos de los técnicos, siempre escoltados por la Policía Local para garantizar la seguridad durante su tarea, traían vestidos quirúrgicos para protegerse de elementos insalubrees presentes al edificio.

Alternativas para el desalojo

Todo ello tendría que servir para intentar, de alguna manera, acelerar este tipo de procesos de desalojo que, por las vías habituales, corre riesgo de eternizarse. En este caso el inmueble pertenece a la SAREB y está ocupado desde hace meses por personas de perfil muy conflictivo. La acción civil o penalti que tiene que traer al desalojo lo tiene que ejercer el propietario, pero por esta vía se puede tardar años al resolverse. Por eso ayuntamientos como el de Mataró buscan alternativas más rápidas y eficaces, a pesar de que desde el propio consistorio se señala que encontrar fórmulas eficaces resulta muy complejo.