El Gobierno de la Generalitat iniciará acciones para expropiar hasta 189 viviendas vacíos propiedad de grandes tenedores de Mataró y de 13 municipios. Así lo refleja el acuerdo de Gobierno aprobado este martes en el Consejo Ejecutivo. La Generalitat requerirá a los propietarios de estos cerca de 200 viviendas que acrediten que su piso no está parado y, si no lo pueden hacer, se iniciará un proceso de negociación porque los destinen a alquiler social y en última instancia se optará por la expropiación forzosa. El Gobierno espera poder disponer de las primeras viviendas a partir del 2024.
El anuncio se suma a la prometida hecha por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de movilizar los pisos de la SAREB (el 'banco malo') para convertirlos en alquiler asequible. A Mataró hay unos 300 pisos propiedad de este organismo. A banda, el gobierno central y la Generalitat se han comprometido a construir 97 nuevas viviendas sociales de alquiler en cuatro promociones a Mataró. La cuestión de la vivienda está siendo capital en materia de anuncios y prometidas a las puertas de las elecciones municipales.
Por ahora, la Generalitat dispone ahora de unos 5 millones de euros que servirían para expropiar, de momento, entre 50 y 70 viviendas para destinarlos a alquiler social, a pesar de que no des descarta acogerse a una nueva línea de crédito para aumentar esta cifra. La gran mayoría de las viviendas pertenecen a grandes propietarios cómo bancos y fondos de inversión y provienen de ejecuciones hipotecarias o daciones en pago, a pesar de que la Generalitat ha declinado especificar la identidad de los tenedores.
Los 14 municipios donde se han detectado las 189 viviendas son Mataró, Cornellà de Llobregat, Higueras, Lloret de Mar, Mollet del Vallès, Reos, Roda de Berà, Rubí, Salto, Tarragona, Valles, Vic, Viladecans y Vilanova i la Geltrú. Son las localidades con fuerte demanda acreditada de vivienda social que respondieron al ofrecimiento de la Generalitat a 45 municipios para adherirse a un convenio para detectar y registrar los pisos vacíos. En este sentido, el Gobierno espera que esta iniciativa suponga un efecto multiplicador y el resto de localidades se vayan añadiendo. Se trata de municipios declarados de demanda fuerte y acreditada y con demanda de meses de emergencia para destinarlos a alquiler social.
A todo Cataluña, constan 31.198 viviendas vacíos, incluyendo los de Barcelona, que tiene una mesa de vivienda propia; y hay 1.800 casos a las meses de emergencia. Para detectar los pisos vacíos, se creen datos cómo el padrón y los consumos y también se hace una inspección física.
Pasos antes de llegar a la expropiación forzosa
Los pisos que pueden ser expropiados constan en el registro de viviendas vacíos y que un golpe se haya detectado que llevan dos años sin ser habitados, se hará un requerimiento al propietario porque en el plazo de un mes acredite que no está parado. Si certifica que está ocupado o que por ejemplo está en el mercado de alquiler ordinario, el expediente quedará cerrado.
En caso contrario, se abrirá un periodo de tres meses para cerrar un acuerdo entre las partes sobre el destino de la vivienda. Una de las opciones es que el propietario y la administración lleguen a una entente para destinarlo a alquiler social para los colectivos con vulnerabilidad acreditada. En este caso, la duración de los contratos son los que establece la LAU: de siete años si son de personas jurídicas y cinco si son de personas físicas.
Pero si después de los tres meses no se cierra un acuerdo, el proceso de expropiación saldrá adelante y pasarán a manso de la Generalitat después de abonar una cantidad equivalente al valor catastral a la Caixa General de Depósitos a disposición del propietario.