Hasta que no se acabe el estado de alarma decretado para hacer frente al coronavirus, los mataronins no pagarán impuestos municipales. Así lo ha decretado el alcalde, David Boto, de cara a contrarrestar la paralización de la actividad productiva causada por la pandemia, que obliga a cerrar todo tipo de empresas y establecimientos. Se concretan así parte de las medidas que el Ayuntamiento había anunciado que estaba estudiante.
El decreto de medidas económicas y fiscales firmado por el alcalde hace referencia al pago de los tributos municipales, a las concesiones y a las empresas municipales y fundaciones con participación municipal, y a las obras públicas y privadas.
Estas son las medidas aprobadas
- Se paraliza la emisión de recibidos y liquidaciones de impuestos, tasas y precios públicos mientras dure el periodo de alarma.
- Se concederán nuevas facilidades para el pago de las deudas, como por ejemplo aplazamientos y/o fraccionamientos sin recargo, dentro del ejercicio 2020.
- Exención del pago del precio público de basura comercial a los establecimientos que hayan tenido que cerrar a consecuencia de la situación de excepcionalidad, por el tiempo que hayan sido cerrados.
- Se deja de pagar la tasa de terrazas por el tiempo que no se haya podido instalar por razón de la alarma.
- Se suspen el pago de las tasas de ocupación de los mercados municipales, de marchantes o fijo, por el tiempo que no se hayan podido celebrar.
- Bares y restaurantes del paseo marítimo, bares en polideportivos municipales y otras actividades objeto de concesión obligadas a cerrar, quedan exentas del pago del canon durante el tiempo del estado de alarma
Las obras públicas y privadas
El Ayuntamiento, por otro lado, ha decretado la parada de las obras públicas en funcionamiento, exceptuando las que se consideran necesarias para garantizar la seguridad de las personas y las que tienen como finalidad garantizar un suministro o arreglar una avería. En cuanto a las obras privadas, tendrán que cumplir las prescripciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la normativa estatal y autonómica y el que determine la Agencia de Salud Pública, así como también las recomendaciones de los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores.
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