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Sainete judicial de Can Fàbregas: el caso regresa a la vía civil y El Corte Inglés amplía la demanda

El Ayuntamiento de Mataró había conseguido que el caso se juzgara en el contencioso–administrativo pero la Audiencia Provincial ha estimado el recurso en contra del operador comercial, que además de demandar a PUMSA ahora también lo hace al Ayuntamiento

El caso Can Fàbregas vuelve a la vía civil. El Ayuntamiento de Mataró había conseguido que un tribunal desviara al contencioso administrativo la demanda presentada por El Corte Inglés para recuperar la inversión de 24 millones de euros en el solar. Pero el operador comercial presentó un recurso y la Audiencia Provincial le ha dado la razón, haciendo que el asunto vuelva a la jurisdicción civil. Además, la empresa ha ampliado su demanda, que inicialmente era contra la empresa municipal Pumsa pero que ahora también incluye al consistorio.

Hace un año, El Corte Inglés presentó una demanda civil contra Pumsa para que se le devolviera la inversión realizada en el solar de Can Fàbregas hace más de 15 años para construir un centro comercial, un proyecto que ha acabado siendo imposible después de incontables episodios judiciales. Tal y como explica el Ayuntamiento en un comunicado, PUMSA presentó una declinatoria ante el juzgado para que el caso fuera juzgado en el contencioso administrativo, al tratarse de un asunto de dimensión pública. Este argumento fue aceptado en el juzgado de primera instancia, que declaró su falta de competencia. El Corte Inglés apeló entonces ante la Audiencia Provincial, que ahora ha estimado su recurso a favor de que el asunto vuelva a la jurisdicción civil.

En este sentido, desde el consistorio señalan que el operador comercial ha solicitado la ampliación de la demanda, haciéndola extensiva al Ayuntamiento. El ente municipal argumenta que la empresa reconoce, de esta manera, que la operación de compraventa del solar tiene una dimensión pública, y por ello Pumsa sigue reivindicando que el asunto sea juzgado en el contencioso administrativo. La empresa ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que vuelva a valorar el argumento del interés público y que las reclamaciones de El Corte Inglés sean juzgadas por el TSJC y no por la vía civil.

"El Ayuntamiento cree que, con estos movimientos, El Corte Inglés reconoce de forma implícita que sí existe interés público en la operación de compraventa", destaca el consistorio en un comunicado. En el mismo texto, el ente recuerda que esta operación no solo suponía la llegada de una locomotora comercial sino también la construcción de un gran aparcamiento de 839 plazas junto al centro de la ciudad, además de otros compromisos con el patrimonio local y la dinamización comercial.

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