Un simple conflicto laboral, o un caso de prevaricación y acoso?

El Ayuntamiento de Mataró sigue defendiendo, a día de hoy, que el caso de las presuntas contrataciones irregulares denunciadas hace un año por una exempleada municipal se reduce a un simple conflicto laboral que, como tantos otros en corporaciones públicas y empresas, debe resolverse por la vía contencioso-administrativa. Sin embargo, la realidad judicial actualmente no es así, ya que hay dos procedimientos penales abiertos vinculados a este asunto y a esta persona: uno por supuesto acoso laboral y otro por prevaricación y falsedad documental, que involucran a una docena de cargos denunciados. Entre ellos se incluyen altos cargos, funcionarios municipales y exempleados del consistorio. El Ayuntamiento confirmó este jueves, día 19, que se persona en las dos causas penales derivadas del caso, tal como anunció en septiembre pasado.

El consistorio reitera que, con la información disponible hasta ahora, no tiene motivos para concluir que se haya hecho nada incorrecto en este caso. Se basa en las conclusiones de la Comisión Informativa Especial creada para investigar la transparencia de los procesos de selección de personal en el Ayuntamiento, y en un informe de la Diputación. Ambos organismos concluyeron que los nombramientos habían sido transparentes y que no se detectó ninguna irregularidad en los procesos investigados. Es decir, no hubo contrataciones a dedo, negando así las denuncias de la exempleada, que también han sido secundadas por la Oficina Antifraude y la Fiscalía.

Procedimientos abiertos a dos juzgados por acoso laboral, prevaricación y falsedad documental

Estas denuncias han seguido sus propios caminos judiciales. En mayo pasado, el Ministerio Fiscal declaró que veía indicios de delitos en las presuntas contrataciones a dedo del Ayuntamiento de Mataró e implicó a una docena de cargos, funcionarios y exempleados del consistorio, en presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y acoso laboral. Actualmente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró tiene abierto un procedimiento penal por presunto acoso laboral, y el juzgado número 5 otro por prevaricación y falsedad documental. Ambos se encuentran en la fase inicial de diligencias previas para investigar a las personas denunciadas, quienes aún no han declarado; se espera que lo hagan durante el primer trimestre del próximo año.

El Ayuntamiento defiende la inocencia y la buena praxis de las personas investigadas, aunque no ha asumido su defensa, a pesar de que algunos de ellos siguen trabajando para la corporación municipal. Sin embargo, ha contratado a uno de los abogados penalistas más reconocidos del país, el gerundense Carles Monguilod, con un currículum que incluye la defensa de causas de personajes tan célebres como la farmacéutica de Olot, Maria Àngels Feliu; el icónico delincuente "El Vaquilla" o el escritor Javier Cercas. Un abogado de prestigio y amplísima trayectoria para afrontar las derivaciones penales de un asunto que el Ayuntamiento, pese a todo, insiste en circunscribir como un conflicto laboral, y por el cual la corporación municipal no ha sido citada ni investigada directamente por ningún juez.

Acceder a información del caso y "actuar en consecuencia"

El primer movimiento del Ayuntamiento, por recomendación de Monguilod, ha sido certificar lo que ya había anunciado que haría: personarse como responsable civil subsidiario en las dos causas penales abiertas. Así lo anunció este jueves el alcalde, David Bote, en una comparecencia junto al abogado y el primer teniente de alcalde, Miquel Ángel Vadell. El abogado señaló que el Ayuntamiento, como persona jurídica y como institución, "la única manera que la ley le permite comparecer es en calidad de responsable civil subsidiario". Por tanto, la personación se realiza "no porque intuyamos que acabará asumiendo esta responsabilidad civil" (en casos como este, las administraciones públicas pueden tener que responder subsidiariamente por los daños causados por los responsables penales de los delitos), sino para "obtener información sobre el procedimiento judicial y poder acceder a las diligencias".

"Comparecemos para tener información sobre el procedimiento judicial y acceder a las diligencias"

Por su parte, Bote defendió que la personación del Ayuntamiento se realiza "por responsabilidad" y por "voluntad de colaboración y transparencia en defensa del buen nombre de Mataró y de la buena fe de los trabajadores, así como para conocer su versión". El alcalde aseguró que "estamos al lado de los trabajadores, son profesionales de prestigio que trabajan desde hace muchos años al servicio de la ciudadanía, y que hasta ahora no han tenido oportunidad de explicar y compartir sus argumentos", ya que aún no han sido citados a declarar. Aunque defendió su inocencia, a tenor de lo que reflejan las conclusiones de la comisión y el informe de la Diputación, matizó que "si a medida que avance el procedimiento se demuestra alguna irregularidad cometida, actuaremos en consecuencia". Algo que, insistió, entraría en contradicción con "todo lo que hemos visto hasta ahora".

El Ayuntamiento confía, en cualquier caso, en que las dos causas abiertas acaben archivándose y no se llegue a celebrar juicio. Monguilod señaló que "el ámbito judicial natural de una supuesta irregularidad en la tramitación de un expediente administrativo es la vía contencioso-administrativa", y que "no toda irregularidad administrativa equivale a prevaricación, así como no todos los problemas en el ámbito laboral constituyen un caso de acoso laboral con trascendencia penal". El abogado sugirió que la exempleada ha llevado el caso a la vía penal porque "una causa por esta vía es mucho más amenazante que una administrativa" para las personas implicadas, y mostró su confianza en que tengan un recorrido corto. "Hay diligencias previas que acaban archivándose porque no hay motivo para abrir un juicio", recordó.

Las presuntas contrataciones a dedo

El caso se remonta a la denuncia presentada por una arquitecta municipal a la Oficina Antifraude de Cataluña, quien habría detectado varios casos irregulares de contratación en el Ayuntamiento de Mataró por vía excepcional sin concurso previo, es decir, a dedo. Según su versión, fue cesada como represalia, a pesar de su condición de protegida por Antifraude al ser denunciante de un posible caso de corrupción, extremo que el Ayuntamiento niega, argumentando que en realidad no obtuvo la plaza de funcionaria. Concretamente, la trabajadora, entonces funcionaria interina, denunció una decena de contrataciones irregulares realizadas supuestamente como contratos de emergencia, sin que se acreditara la urgencia de estos procedimientos. Tres de ellos, además de un cargo directivo, habrían sido contratados por el consistorio para realizar el Atlas Urbanístico.

Antifraude, muy crítico con el Ayuntamiento en todo este caso, reclamó al alcalde David Bote que se restituyera el puesto de trabajo a la alertadora de las posibles contrataciones irregulares y amenazó al Ayuntamiento con sanciones por ignorar los requerimientos del organismo. La arquitecta, mientras tanto, también trasladó el caso a la Fiscalía, lo mismo que hizo el grupo municipal de Vox, que presentó una denuncia por posible prevaricación administrativa. En respuesta, la Fiscalía acusó a una docena de personas, trabajadoras y exempleadas del Ayuntamiento, por hechos que podrían constituir cuatro delitos de prevaricación, uno de falsedad en documento público cometido por funcionario público, y uno de acoso laboral. Por todo ello, interpuso denuncias ante los Juzgados de Instrucción de Mataró, con dos causas separadas que actualmente están abiertas en los Juzgados número 4 y 5, respectivamente, en fase de diligencias previas.

Un "conflicto laboral"

Durante todo este tiempo, el Ayuntamiento de Mataró ha negado la existencia de prácticas delictivas en la contratación de personal. Asimismo, ha defendido que no despidió a la trabajadora pese a su condición de protegida por Antifraude, sino que no obtuvo plaza tras un proceso selectivo de estabilización de empleo temporal para funcionarios interinos. El consistorio manifiesta la existencia de un conflicto laboral con esta persona, desvinculado de las acusaciones de prácticas delictivas, corruptas o fraudulentas en la contratación pública de personal.

De hecho, el Ayuntamiento apunta que la exempleada ha abierto una decena de litigios en el marco de este conflicto laboral, en uno de los cuales el consistorio fue condenado a indemnizarla con 49.000 euros por daños morales. Una sentencia vinculada a cuestiones como el vaciamiento de funciones y el cambio de ubicación, que habrían generado malestar y conflictividad laboral, pero que no tiene relación directa con las denuncias por contrataciones a dedo presentadas por la exarquitecta municipal a la OAC y a la Fiscalía.

Este jueves, día 19, el primer teniente de alcalde, Miquel Ángel Vadell, reiteró en la comparecencia que “seguimos pensando que el caso es un conflicto laboral, como los que existen en todas las empresas; somos una corporación de 1.300 trabajadores y este no será ni el primero ni el último conflicto en este Ayuntamiento”.

Los informes que exoneran el Ayuntamiento

El pasado mes de julio se hizo público un informe de la Diputación de Barcelona, encargado por el Ayuntamiento, que exoneraba al consistorio de Mataró del caso de presuntas contrataciones a dedo y aseguraba que el procedimiento se realizó de acuerdo con el marco legal vigente, según anunció el gobierno municipal en el último Pleno. Además, en el Pleno municipal de septiembre, todos los grupos municipales, excepto Vox, aprobaron las conclusiones de la Comisión Informativa Especial creada para investigar la transparencia de los procesos de selección de personal en el Ayuntamiento. Su dictamen, tras nueve meses de investigación, indica que no se produjeron irregularidades en diversas contrataciones en el seno del consistorio, en relación con las denuncias presentadas por Antifraude y la Fiscalía.