Los grupos municipales de la CUP, ERC y En Comú Podem, con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, han presentado una declaración institucional en el Pleno de Mataró en defensa de los vecinos de los viviendas de protección oficial situadas en el número 142 del Paseo de la Marina, en el barrio del Rengle. Esta declaración surge a raíz del conflicto derivado de la cesión de la gestión de estos inmuebles, que inicialmente formaban parte del programa de vivienda asequible de la Obra Social La Caixa, pero que posteriormente fueron transferidos a la sociedad Inmo Criteria Arrendamientos.
La principal preocupación de los inquilinos, según destaca la declaración, es que esta nueva propiedad no está renovando masivamente los contratos de alquiler y les está exigiendo que abandonen sus domicilios. Según han denunciado los vecinos, este cambio de gestión ha supuesto una vulneración de sus derechos, especialmente porque cuando accedieron a los pisos en el año 2011, el contrato original de alquiler incluía una opción de compra transcurridos diez años por un precio regulado por la legislación de viviendas de protección oficial.
Entre las medidas tomadas por la nueva propiedad, según los grupos municipales y el sindicato, se incluye la decisión masiva de no renovar los contratos de alquiler, hecho que ha sido comunicado a los residentes mediante burofax, exigiendo la devolución de los viviendas. Una vez recuperados los pisos, muchos de estos permanecen vacíos o se ponen a la venta. Además, se denuncia que los contratos firmados con los arrendatarios contenían cláusulas abusivas y que la propiedad no está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones de mantenimiento.
Edificio del Rengle. Foto: R. Gallofré
De protección oficial a libre mercado
Esta situación, tal y como apunta la declaración institucional, es especialmente grave, ya que se trata de viviendas de protección oficial (VPO), construidas sobre suelo público y subvencionadas con fondos públicos con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda a la clase trabajadora. Los vecinos afectados se han estado organizando desde hace más de tres años con el Sindicato de Inquilinas, resistiendo desahucios e interponiendo la primera denuncia colectiva al Estado contra las cláusulas abusivas de un gran propietario. Además, han llevado a cabo diversas movilizaciones.
La declaración institucional prevé una serie de acuerdos para instar a La Caixa a retirar todos los juicios abiertos y órdenes de desalojo pendientes de ejecución contra los arrendatarios; prorrogar automáticamente todos los contratos de alquiler extinguidos o a punto de extinguirse hasta el 31 de diciembre de 2027, salvo que el arrendatario decida lo contrario; y retirar todas las ofertas de venta a privados y transmitir la promoción El Rengle al Incasol de la Generalitat de Cataluña.
Paralelismos con la Casa Orsola
Este caso de Mataró guarda paralelismos con la situación de la Casa Orsola, un edificio histórico del Eixample de Barcelona que se ha convertido en uno de los principales emblemas de la lucha contra la especulación inmobiliaria. En la Casa Orsola, adquirida en 2021 por Lioness Inversiones, la nueva propiedad pretende convertir los pisos en apartamentos de lujo, desahuciando progresivamente a los inquilinos. Uno de los casos más mediáticos es el de Josep Torrent, profesor de matemáticas del Instituto Alexandre Satorras de Mataró, que lleva 22 años viviendo en este edificio.
Josep Torrent, un profesor del instituto Satorras de Mataró al que quieren echar de su casa
Torrent se ha negado a abandonar su casa y es el primero de los cinco vecinos que afronta un desahucio. "Somos un ejemplo de manual de lo que pasa en Barcelona y en toda el área metropolitana: fondos de inversión compran fincas enteras y las vacían de vecinos", denuncia.
Estas situaciones en Mataró y Barcelona se enmarcan en una problemática mayor: la transformación de viviendas de protección oficial en inmuebles de mercado libre y la creciente especulación inmobiliaria. Los afectados reclaman medidas contundentes para proteger el derecho a la vivienda, como limitar los alquileres de temporada, regular las compras especulativas y garantizar la renovación de los contratos para evitar desahucios masivos.