Pasa el tiempo, se acumulan los anuncios y las promesas, pero hay fenómenos que, por desgracia, no cambian. Uno de ellos es el de las ocupaciones ilegales de inmuebles en Mataró, que siguen ensañándose especialmente en los barrios más vulnerables de la ciudad. Es el caso de Cerdanyola, que ha vivido este pasado fin de semana una serie de incidentes relacionados con las entradas a inmuebles vacíos que han generado preocupación entre los vecinos. A pesar de los años de debate y las promesas políticas de reformas legales para agilizar los desalojos, la realidad demuestra que el problema persiste. Las administraciones han anunciado diversas medidas para hacer frente a esta problemática, pero las ocupaciones continúan afectando a la ciudad, especialmente a aquellas zonas más deprimidas, creando situaciones de tensión e inseguridad entre los residentes.
Las calles Marathon y Rosselló han vivido dos de los últimos episodios en la ciudad
El pasado viernes 28 de febrero por la tarde, vecinos alertaron a la policía sobre la entrada de varias personas en un inmueble propiedad de un banco, después de forzar la puerta principal del bloque, en la calle Marathon. Según el relato de los vecinos afectados, los Mossos d'Esquadra se personaron en el lugar y contactaron con la empresa de seguridad responsable del inmueble. Durante la tarde, los vecinos informaron que se estaban introduciendo colchones y otros objetos en el piso presuntamente ocupado. Según fuentes conocedoras del caso, los ocupantes afirmaron ante la policía que llevaban una semana allí, y los agentes constataron que había objetos personales suficientes para considerarlo residencia habitual, permitiéndoles permanecer en el lugar.
Mossos interviniendo en una de las ocupaciones
La misma noche del viernes al sábado, a unos 200 metros de la primera ocupación, se produjo otro incidente similar. Durante la tarde, los Mossos d'Esquadra desalojaron a los ocupantes de la vivienda de un quinto piso en la calle Rosselló. No obstante, durante la madrugada, los ocupantes lograron reingresar en el piso y consolidar la ocupación, lo que ha generado indignación entre los vecinos, teniendo en cuenta que pocas horas antes los ocupantes habían sido expulsados.
Al menos dos intentos más frustrados
Durante el fin de semana se intentó ocupar otra vivienda en el barrio, en este caso un piso propiedad de la empresa municipal Pumsa. Gracias a la intervención de la Policía Local de Mataró a primera hora de la mañana, se logró desalojar a los ocupantes antes de que consolidaran la ocupación. En otro caso registrado en los últimos días, los intrusos rompieron un cristal que cayó sobre los patios interiores, poniendo en peligro la seguridad de los vecinos. Finalmente, no lograron acceder a la vivienda, según fuentes vecinales.
Una ciudad especialmente castigada
Según datos del año 2023, Mataró tiene un 69% más de pisos ocupados que la media catalana. Esta situación ha generado una gran preocupación entre los vecinos y las autoridades locales, que han intentado encontrar soluciones efectivas para revertir esta tendencia y garantizar la convivencia pacífica en los barrios afectados.
Propuestas de cambios legales desde la ciudad
Partiendo de la base de que un Ayuntamiento como el de Mataró tiene recursos limitados para hacer frente a la problemática y se ve constreñido por las limitaciones legislativas al respecto, en 2022 el consistorio, con el apoyo del Colegio de Abogados, impulsó una propuesta de reforma legislativa para agilizar los procesos de desalojo en casos de ocupaciones ilegales. Esta iniciativa pretendía, en términos generales, poder solicitar medidas cautelares para desalojar el inmueble ocupado en un máximo de 48 horas; facilitar que las comunidades de vecinos puedan pedir los desalojos en caso de ocupaciones ilegales y delictivas; y otorgar más competencias y cobertura legal a las policías locales para actuar en casos de ocupaciones. A pesar del consenso político en torno a estas propuestas, nunca se han logrado materializar desde el Congreso de los Diputados en forma de nueva ley.
Más recientemente, el Ayuntamiento de Mataró y el Colegio de Abogados han firmado un acuerdo para ofrecer apoyo legal a las comunidades de vecinos afectadas por ocupaciones que generan problemas de convivencia. Este servicio proporciona orientación e información jurídica a la ciudadanía y a las comunidades de vecinos, con el objetivo de prevenir y resolver los conflictos derivados de ocupaciones delictivas.
El Ayuntamiento de Mataró también ha puesto en marcha la Oficina de Atención e Intervención en Ocupaciones, una medida prevista dentro del acuerdo de gobernabilidad entre el PSC y el PP (el cual finalmente se rompió), con el objetivo de coordinar los servicios municipales en la lucha contra las ocupaciones ilegales. Esta oficina centraliza las actuaciones de la Policía Local, Servicios Sociales y otros departamentos implicados, ofreciendo asesoramiento jurídico a las comunidades de vecinos afectadas y facilitando la interlocución con las administraciones competentes.