Los intentos de ocupación de viviendas y locales a Mataró se han disparado durante este 2021. O, como mínimo, la Policía Local se ha mostrado mucho más activa en la prevención de este delito, a tenor de las cifras registradas estos primeros meses, que se han casi doblado respecto al año anterior. Algo que contrasta con el hecho que, en los últimos dos años, las ocupaciones iban a la baja, a pesar de la percepción ciudadana.
Durante el primer trimestre del año, la Policía Local ha intervenido evitando 24 tentativas de ocupación, el que supone un 84% más de actuaciones preventivas que el año pasado. Estos datos se han hecho públicas desde el Ayuntamiento coincidiendo con el episodio del intento de ocupación de un quinto piso a Rocafonda, donde dos hombres se se descolgaron desde la azotea con una cuerda.
Desde el año 2017, la Policía Local de Mataró cuenta con una Unidad de Convivencia y Civismo que se dedica principalmente a atender las demandas ciudadanas relacionadas con las ocupaciones ilegales de viviendas. En la mayoría de actuaciones se procede a la identificación de los ocupantes y el asesoramiento a vecinos y propietarios.
El aumento tan notorio del número de actuaciones durante este primer trimestre del año en el ámbito de las tentativas de ocupaciones resulta particularmente notorio teniendo en cuenta que, según datos del mismo Ayuntamiento, las ocupaciones han descendido respecto a los años anteriores a la ciudad. El año 2018 se registraron 276, mientras que el 2019 bajaron a 200 y el 2020 la cifra se situó en 165.
Más allá de un posible repunte en este ámbito, las ocupaciones están generando problemas graves a la ciudad, tanto de seguridad como de convivencia, en especial cuando las llevan a cabo personas de perfil conflictivo que usan los pisos ocupados como base para el tráfico de drogas o para almacenar objetos robados, tal y como denuncian vecinos de barrios como Rocafonda.
A pesar de todo, no todas las ocupaciones tienen este perfil, puesto que en muchos casos acaban residiendo personas o familias que simplemente no tienen recursos para acceder a un piso a precio de mercado ni tampoco tienen disponible ningún alquiler social.