Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal internacional de tráfico de seres humanos, que operaba desde Mataró, además de otras ciudades estatales y europeas. En el decurso de la investigación se han arrestado doce personas que han ingresado en prisión y se han realizado cacheos a la capital del Maresme y a las demarcaciones de Burgos y Lleida y Barcelona, además de Portugal, Alemania y Holanda. Esta investigación ha permitido identificar cerca de 1.000 víctimas, entre las cuales había mujeres y niños. La mafia tenía un piso en Mataró donde residían varios miembros de la organización
La investigación se inició a finales del año 2018 y ha concluido al mes de mayo, cuando ha finalizado la investigación conjunta entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil cuando detectaron la presencia de una organización que trasladaba a Francia bajo coacción un número elevado de personas indocumentadas. Las víctimas eran principalmente provenientes de países africanos, entre las cuales era habitual encontrar menores y mujeres embarazadas. Eran captadas en origen para trabajar de manera irregular y en precario y las trasladaban al Estado español desde donde las transportaban posteriormente en Francia, Bélgica y Alemania. Entonces exigían un pago de entre 500 y 750 euros. Para asegurarse el pago se solían aprovechar de la extrema vulnerabilidad en la cual se encontraban e incluso habían llegado a abandonar un menor durante un viaje que no había podido pagar toda la cantidad exigida.
Una parte de esta organización se encontraba establecida en el Estado español y formada principalmente por personas subsaharianas que residían a la demarcación de Lleida, donde disponían de un piso a cargo del cabecilla de la organización a la localidad de Rosselló (Segrià). Disponían de un segundo inmueble que empleaban del mismo modo a la localidad de Mataró , donde residían los restantes miembros de la organización.
Cómo operaba la mafia
El líder a nivel internacional, conocido como "la cabeza", era un hombre de origen centreafricà que residía en Portugal y Alemania. Tenía antecedentes en otros países europeos por favorecimiento de la inmigración irregular y presumía de traer 25 años dedicado a la misma actividad. Para incrementar los beneficios había puesto en marcha una estructura societaria e inmobiliaria que los había permitido captar también a personas de origen asiático (generalmente nepaleses, hindúes y pakistaníes), a los cuales trasladaban desde Alemania a la península ibérica, mayoritariamente en Portugal. Con esta infraestructura realizaban viajes España-Alemania-España-Portugal. Para lo cual utilizaban furgonetas alquiladas o alguno de los doce vehículos de la organización a nombre otras personas, que sobrecargaban con personas y bidones de combustible, para maximizar los beneficios por trayecto. Se han contabilizado unos 90 viajes con más de 1000 víctimas.
Vista de Mataró, una de las sedes de la organización
La organización tenía normas muy estrictas: estaba establecido qué era la cantidad a abonar y cómo se tenía que hacer el pago; que no se tenía que hablar con las autoridades si los identificaban; la utilización de un destino ficticio; el hecho de no usar sistemas de retención para poderse ocultar rápidamente en caso de presencia policial (especialmente en cuanto a niños y bebés); los menores de siete años tenían que ir sentados encima de otro ocupante -generalmente una mujer- pero pagaban igualmente su trayecto. Todo esto comprometía seriamente la integridad y la seguridad de los migrantes.
La operación ha tenido una gran complejidad por su alcance geográfico y temporal, y ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Temple e impulsada por la Fiscalía de Lleida. La coordinación internacional se ha hecho a través de Eurojust, con la participación de policías y órganos judiciales de España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.
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